El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a 7 policías  de incitar a la rebelión, a través del mal uso de los equipos de la Central de Radio Patrulla, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S).

La resolución se emitió esta tarde, tras un mes de haberse instalado la audiencia de juicio, en contra de 13 uniformados, quienes se encontraban con medidas sustitutivas.
El tribunal declaró culpables, en calidad de autores, a los gendarmes Juan C., Marco S., Milton H., Kléver M., Jessica V., Myrian S., y José R.

En calidad de encubridores, fueron declarados culpables Jaime G. y Ángel R.  
Por último, los gendarmes Gladys Ch., Elsa A., Mónica M. y Edison P. fueron absueltos, por no haberse encontrado suficientes indicios de responsabilidad.

El proceso se inició luego de un grupo de agentes policiales que laboraban en la Central  Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC) habría incitado a los demás policías a sumarse a disturbios en contra del presidente Rafael Correa. El acto de incitación se realizó a través de radio patrulla.

Gustavo Benítez, fiscal de la causa, aseguró que la Central de Radio Patrulla fue utilizada como "una herramienta" para lanzar consignas que incitaron a la insurrección en contra del Gobierno, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.

Benítez presentó como pruebas las grabaciones en las que los uniformados llamaban a sus compañeros a matar al Presidente, informes de peritajes mega fónicos, así como cotejamiento de las voces con los presuntos involucrados.

Las investigaciones de la Fiscalía demostraron además que con el mal uso de la Radio Patrulla, a través de la cual se replicaron los mensajes en los Comandos Policiales de Guayas, Esmeraldas y Azuay.

La audiencia de juzgamiento contra los 13 uniformados se instaló el 2 de diciembre de 2014 y fue declarada reservada por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado.

En la diligencia se recibieron las versiones de una centena de testigos, entre ellos miembros de la Policía Nacional, agentes del Cuerpo de Bomberos, personal de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se estima que la diligencia dure al menos 3 semanas.

Los 13 uniformados fueron llamados a juicio en agosto del 2013. Los gendarmes recibieron la pena por el delito tipificado en el artículo 146 del Código Penal anterior, que se refiere a la incitación a la rebelión o indisciplina de la Fuerza Pública.