De mi consideración:

En el diario "El Telégrafo" de 21 de septiembre del 2011, página 2, con el título "La real intención era mantener la impunidad", se publicó un artículo redactado con manifiesta superficialidad y cursilería, desnaturalizando declaraciones que efectué en una entrevista concedida al matutino, a la vez que denigrando la acción gubernamental en asuntos atinentes a la Policía Nacional, algunos relacionados con los hechos del 30-S, reportaje que por la trascendencia del tema en la historia reciente, debió tratarse con responsabilidad y, para el caso del periodista, con alguna dosis de talento y buena fe, virtudes que en mi concepto están ausentes en dicho reportaje.

Todos los medios de comunicación están obligados a exigirse niveles de calidad, pues la fiabilidad de la información que se publica está directamente relacionada con la ética periodística, salvo que la entrevista represente un ejercicio de animadversión en el que se reniega de la adecuada práctica profesional; este es el caso del mencionado reportaje, pues es notoria la animosidad del periodista, al emplear calificativos como dudoso, olvidadizo o angustiado, en una especie de semblanza ajena a la realidad. 

Adicionalmente, el reportaje publicado es una apología al desorden y a la confusión, provocando que los asuntos materia de la conversación que mantuvimos defeccionen en un galimatías cuya lectura nos permite inferir  que gran parte de la exposición efectuada por mí fue desoída o incomprendida, tal vez intencionalmente, para después revolver el idioma hasta obtener una amorfa nota, a la que me refiero exclusivamente porque ni el Gobierno Nacional ni quien suscribe tienen razón alguna para aceptar sin réplica un artículo malintencionado.

En lo principal, al tenor de lo prescrito en el artículo 66, numeral 7, en concordancia con el artículo 18, numeral 1, de la Constitución de la República, exijo mi derecho ciudadano de que se publique esta misiva, y se rectifiquen las insidiosas, injustas y reprochables menciones que son ajenas a la diáfana exposición que efectué sobre la estructura institucional de la Policía; seguridad ciudadana; formación y capacitación del personal policial; dotación de equipos, armas y medios logísticos; implementación de proyectos, planes y programas, para modernizar y reestructurar la Institución; en fin, en lugar de reflejar el gigantesco trabajo gubernamental en esta materia, en el artículo se pretende sembrar un espacio de inaceptables dudas.

Es particularmente injuriosa la supuesta afirmación y posterior acto de contrición que se me endilga al escribirse, para ilustrar la lógica de los resultados, lo siguiente: "...Tráigame a como dé lugar a tal banda o a tal delincuente, lo que generaba prácticas fuera de la ley, admite Jalkh, haciendo un mea culpa sobre el manejo institucional que afectó el desempeño de los agentes...".

La cita precedente rebasa los límites de la paciencia. Es intolerable que se le haya ocurrido al periodista suponer que en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, pudieran practicarse actos reñidos con los derechos humanos.

La alusión mentada se refería a expresiones de los propios policías quienes narraban que antes de nuestro gobierno se les exigía resultados, pero no se les daba los medios técnicos y los recursos necesarios para cumplir los fines institucionales.

Es aún más vejatorio que supuestamente yo haya hecho un "mea culpa" sobre algo que jamás ha ocurrido en nuestro Gobierno. Estoy convencido de que la intención del articulista al escribir esta inmundicia, fue perjudicar al Gobierno y a las personas, pues tal barbaridad no puede ser producto ni de la casualidad ni de la mediocridad.

El articulista omite señalar que el Gobierno Nacional enfrenta a la delincuencia aplicando la ley y siempre garantizando el ejercicio cabal de los derechos humanos, sin distinción alguna. Este régimen combate la ilegalidad con legalidad, como corresponde a un Estado de derechos. Esa es nuestra obligación jurídica y moral, y la acatamos sin dobleces, con estricto sentido del servicio público. En un ámbito tan complejo como la seguridad ciudadana actuamos indeclinablemente en el marco del ordenamiento jurídico vigente y con sujeción a los Tratados e Instrumentos Internacionales.

Cabe recordar que nuestra convicción por garantizar los derechos humanos se evidenció en actos concretos tales como la reapertura de expedientes emblemáticos, insuficientemente investigados, como los de la muerte del joven Damián Peña, el caso Fybeca, los sucesos que devinieron del asalto a la Joyería Terranova, la investigación de los casos derivados de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, o del llamado caso GAO.

Por otra parte, la nota publicada no alcanza a distinguir elementos esenciales de lo sucedido el 30-S. Afirma equivocada y vanamente que la explicación, socialización y garantía de que se cumpla el Proyecto de Ley de Servicio Público era mi responsabilidad. Otra vez el articulista no entendió que, pese a no ser mi responsabilidad directa, por no haber sido el impulsor ni generador del proyecto, sino otra Cartera de Estado, acudí en diversas ocasiones a varios cuarteles y destacamentos policiales para dialogar sobre el contenido de dicho documento. Sobre este particular fui extenso en la entrevista, mencionando incluso que una semana antes del 30-S estuve en el Regimiento Quito, explicando el contenido del referido proyecto de ley, lo que también se omite en el reportaje.

Cuando no se puede o no se quiere entender el fondo de los acontecimientos históricos es imposible reseñarlos sensatamente. El articulista utilizó la entrevista para procurar afectar la acción gubernamental desplegada incesantemente tanto para fortalecer a la Policía Nacional como para dignificar a sus integrantes, pretextando para ese fin una investigación periodística sobre el 30-S.

En suma, es plausible y necesario que la prensa revise, analice y concluya sobre los hechos del 30-S, con absoluta libertad, dentro del marco constitucional, pero ese ejercicio es útil para la ciudadanía si quien escribe refleja objetivamente los hechos, porque lo contrario confunde y se convierte en una mescolanza de disimulados criterios falaces, que son una muestra de mala fe.

Ruego que inmediatamente se atienda mi solicitud de rectificación del reportaje y se publique íntegramente esta carta.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Gustavo Charbel Jalkh Roben
SECRETARIO PARTICULAR

Rectificación

Ante la publicación del reportaje titulado: “La real intención era mantener la impunidad”, para el especial del 30-S, publicado el día martes 20 de septiembre, utilizando fragmentos de las  declaraciones realizadas por el ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh, a un equipo periodístico liderado por Orlando Pérez, subdirector de Diario El Telégrafo, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1.    Este Diario reconoce la existencia de una indebida interpretación de las palabras del ex ministro, la misma que se contrapone con el sentido y la fidelidad de su testimonio, siempre orientado a explicar lo que sucedía dentro de la Policía, pero de ninguna manera a sugerir o dar a entender que él hubiese sido parte o responsable de esa “lógica de generar resultados” a través de una frase sacada de contexto: “Tráigame a como dé lugar a tal banda o a tal delincuente”, ‘lo que generaba prácticas fuera de la ley’, esta última parte, un complemento nuestro.    

2.    El doctor Gustavo Jalkh jamás aceptó a este Diario un “mea culpa” sobre el manejo de la institución policial que hubiera afectado el desempeño de los agentes, como se afirma en el título: “La real intención era mantener la impunidad”. Lo que se hizo al editar la nota fue mal interpretar, cuando lo que profesionalmente se debió haber hecho era transcribir exactamente las palabras.

La Dirección de este Diario aclara que el actual secretario particular del Presidente de la República, si bien el 30 de septiembre era la autoridad máxima, como Ministro del Interior, la máxima responsabilidad para explicar los contenidos de la Ley de Servicio Público, que generó la sublevación policial, estuvo en los mandos de la Policía Nacional. La nota señaló, erróneamente, y con una equivocada interpretación, que “Jalkh tenía la responsabilidad política de explicarla, socializarla y garantizar que se cumpla”, lo cual constituye una interpretación arbitraria, no ajustada a lo dicho en la entrevista. Ofrecemos al doctor Gustavo Jalkh nuestras excusas por el perjuicio causado.  

La Dirección