La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) se encuentra vigente en el Ecuador, desde mayo de 2004. Aunque la norma rige en el país desde hace 10 años, su cumplimiento todavía no se realiza en su totalidad. 

Por eso, la Defensoría del Pueblo organizó la conferencia internacional "10 años de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública en Ecuador", para analizar los alcances de la norma.

Una de las iniciativas que se emprendió en los 2 últimos años fue la elaboración de un catastro de entidades obligadas a presentar un informe de actividades ante la Defensoría, para garantizar el cumplimiento de la Lotaip.

Según la institución, en 2012 se contabilizaron 1.511 instituciones que rendían cuentas. No obstante, en ese lapso se crearon 39 entidades y fueron cesadas 56. Fue así que hasta 2013 se contabilizaron 1.494 instituciones obligadas a rendir cuentas.

Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, resaltó que se emprendieron capacitaciones para el personal de las instituciones públicas. En 2014, se impartieron 48 talleres en los que se instruyó a 1.441 servidores pertenecientes a 1.106 entidades que representan el 74% del catastro.

De acuerdo a la presentación de informes de 2013, Rivadeneira reconoció el cumplimiento de las instituciones que conforman las 5 funciones del Estado. La más destacada fue la Función Ejecutiva, cuyo cumplimiento pasó del 67% al 100%.

Por el contrario, Rivadeneira señaló que el Instituto para la Democracia, que forma parte de la Función Electoral, no presentó su informe.

Cristihian Bahamonde, funcionario de la Defensoría, detalló el cumplimiento de la rendición de cuentas según las provincias. En 2013, las entidades con sede en Carchi, Orellana y Cañar registraron un cumplimiento del 100%.

En cambio, en las zonas de Guayaquil, Durán, Samborondon (provincia del Guayas) hubo un incremento del 64% al 91%.

En cambio, las provincias peor evaluadas fueron Esmeraldas que bajó del 75% al 41%, mientras que Morona Santiago se redujo del 65% al 52%.

Mónica Callirgos, representante de la Defensoría del Pueblo de Perú, compartió su experiencia sobre su país. La experta señaló que en esa nación, los ciudadanos tienen el derecho de exigir información a las instituciones públicas y, en caso de que estas no la proporcionen, pueden presentar una queja ante la Defensoría. Para ello, las entidades tienen un plazo de 7 días.