Representantes de la Confederación Única del Seguro Social Campesino se concentraron hoy en los exteriores del Consejo de la Judicatura, en Quito, para realizar una clausura simbólica del edificio.

Los manifestantes intentaron colocar en la puerta una pancarta con la leyenda "Clausurada la ratonera", pero elementos de la Policía lo impidieron.

La protesta se dio en rechazo a la actuación del organismo, que a su criterio, han fomentado la impunidad en los hechos del pasado 30 de septiembre.

"Los jueces corruptos del Consejo de la Judicatura quieren declarar libre de culpas, e incluso canonizar a los delincuentes que actuaron como actores materiales, cómplices y encubridores del 30-S", sostuvo el dirigente Rodrigo Collahuazo.

En este sentido rechazaron la actuación del destituido presidente del CJ, Benjamín Cevallos, quien removió de su cargo a los jueces que declararon culpables a los miembros de la Escolta Legislativa por no garantizar la seguridad en la Asamblea Nacional el día de la revuelta policial.

Cevallos fue destituido por el juez vigésimo primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba, por no restituir en su cargo al magistrado Juan Hernández.

"El señor Benjamín Cevallos no solo que debe ser destituido, sino que tiene que irse a la cárcel por cuanto realiza sus actuaciones en base a la venganza en contra de los jueces de la sala penal, y con eso quiere contribuir a descentralizar el país", sostuvo Collahuazo.

En tanto que el ex Presidente del CJ volvió esta mañana al Consejo de la Judicatura para reunirse con los vocales, en un intento por reasumir la dirección del organismo.

No obstante, personal de seguridad trató de impedir su ingreso, según Cevallos, obedeciendo una disposición del ministro del Interior, José Serrano, a quien acusó de "meter descaradamente la mano en el CJ".

Entre forcejeos y empujones, Cevallos finalmente ingresó al edificio y se reunió de manera reservada.

Al salir, alrededor del mediodía, el ex titular del CJ se topó con la manifestación de los campesinos, pero logró abandonar el edificio en medio de pifias e intentos de agresión.

Reiteró que enjuiciará al juez Santiago Coba por prevaricato, usurpación de funciones y daño moral.

Los protestantes campesinos indicaron que se mantendrán" en permanente vigilancia y lucha para impedir que la impunidad reine".