La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional será la encargada de presentar los informes para primer y segundo debate para declarar el interés nacional a los campos 31 y 43 del parque Yasuní.

Tras dos horas y media de reunión, durante la mañana y tarde de ayer, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que esta comisión deberá recibir información complementaria de los ministerios de Ambiente, Justicia, Coordinador de Política Económica y de Recursos Naturales no Renovables.

El legislador Virgilio Hernández (PAIS) mencionó que por ejemplo de la cartera de Ambiente se requieren algunas precisiones referentes a la licencia ambiental de explotación en el bloque 31; al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sobre la existencia de pueblos en aislamiento voluntario en la zona y a la Secretaría de la Política Económica una valoración de la posible explotación del campo 31.

El objetivo es contar con los suficientes elementos de juicio para que los parlamentarios adopten la decisión más adecuada para el país. Hernández quiere corroborar que los pueblos en aislamiento voluntario no circulen en esa zona, como lo asegura el Ministerio de Justicia. Si es lo contrario se tendría que suspender cualquier actividad extractivista, opinó.

El vocal del CAL informó que tras conocer oficialmente el pedido presentado por el presidente de la República, Rafael Correa, se analizó el informe no vinculante presentado por la Unidad Técnica Legislativa.

La Comisión de Biodiversidad deberá también receptar los criterios generados de sus similares de Justicia y Estructura del Estado; de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad; de Gobiernos Autónomos y Descentralizados; y de Desarrollo Económico y Productivo.

Estas mesas deberán presentar sus informes en ocho días. Pamela Falconí, vicepresidenta de la Comisión de Biodiversidad, dijo que todavía este organismo no ha sido notificado oficialmente. Sin embargo, están pendientes los plazos que estableció el CAL para presentar los informes para su debate al resto de asambleístas, en el pleno. La legisladora y sus colegas organizarán la recepción de información y apreciaciones de colectivos sociales y la ciudadanía para que aporten al debate de la Comisión.

Por otro lado, el asambleísta Gabriel Rivera informó que hoy la bancada de Alianza PAIS tiene previsto reunirse para discutir este tema y analizar la propuesta de varios grupos políticos que defienden la necesidad de llevar adelante una consulta prelegislativa a las personas directamente involucradas en la explotación del Yasuní.

Para Hernández la Corte Constitucional estableció que esta figura se debate en el proceso de aprobación de leyes pero en este caso se trata de una resolución. El artículo 57, numeral 17, de la Constitución establece entre los derechos colectivos la garantía de las nacionalidades “de ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectarlos”.

El artículo 407 de la Carta Magna hace una prerrogativa sobre la explotación de recursos: “Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimar lo conveniente, podría convocar a consulta popular”.

Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea, señaló que no cabe la consulta prelegislativa. “Hay que leer bien lo que determina la resolución de la Corte Constitucional. Es la Función Legislativa la llamada a tomar cualquier resolución sobre esto”.

RESPALDO A EXPLOTACIÓN RESPONSABLE

Jóvenes agrupados en los movimientos PAIS y Centro Democrático, así como de organizaciones sociales de Guayas, manifestaron su respaldo a la propuesta del presidente Rafael Correa de impulsar la explotación responsable de una parte del Yasuní y anunciaron campañas de difusión en colegios y universidades para explicar el alcance de esta decisión del Gobierno Nacional.

El anuncio lo hicieron ayer Gastón Bustamante (PAIS), Jorge Vélez (Centro Democrático), Juan Ávila, del Movimiento Huancavilca; Leonardo Bravo, del Frente de Profesionales de la Universidad de Guayaquil, entre otros, quienes rechazaron la marcha efectuada el pasado martes en Quito contra la explotación del Yasuní, pues, aseguraron, hubo intereses políticos de por medio.

Bustamante explicó que organizan espacios de debate sobre el Yasuní ITT en planteles y que continuarán con esta actividad, incluso en el resto de la provincia y en otras ciudades del país.

Mientras tanto, ayer en Quito cerca de 300 jóvenes se concentraron en el Ministerio de Agricultura para marchar pacíficamente hasta el monumento de Simón Bolívar ubicado en el Parque La Alameda. Su objetivo: rechazar la explotación del Yasuní y apoyar la realización de una consulta popular.

Se han contabilizado más de 90 colectivos juveniles de la mayoría de provincias, que se movilizan por esta causa. Por ello,  al socializar las razones para no explotar el Yasuní, salió la propuesta de que se realice una convención nacional de colectivos juveniles el próximo 7 y 8 de septiembre, en un sitio todavía por establecer.

Además, se propuso que los días jueves se efectúen más marchas y movilizaciones pacíficas, porque el pasado jueves 15 de agosto el presidente Correa hizo el anuncio de explotar el Parque Yasuní.

Simultáneamente, en la Plaza de la Independencia se reunieron otros manifestantes a favor de la extracción responsable del petróleo.