Servidores públicos, centrales sindicales, gremiales y dirigentes políticos del Movimiento Popular Democrático (MPD) realizaron ayer una movilización en rechazo al Decreto Ejecutivo Nº 813 expedido por el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 7 de julio.

La marcha, que se inició pasadas las 17:00 en los exteriores de la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (centro norte de Quito), se dirigió hasta la Corte Constitucional (CC) en donde los dirigentes presentaron una demanda de inconstitucionalidad del decreto, a través del cual se pone en vigencia la renuncia obligatoria en el sector estatal, con indemnización.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, indicó que, de no ser atendidos favorablemente en la CC, intensificarán las jornadas de protesta, sin descartar una paralización de las actividades de, aproximadamente, medio millón de servidores públicos.

Jorge Piedra, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), núcleo de Pichincha,  indicó que los maestros se unen a este reclamo, debido a que también serán afectados con las renuncias obligatorias, por lo que participarán activamente en  las protestas.

El presidente alterno del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, respaldó el anuncio de una paralización porque el decreto violenta la garantía de la estabilidad laboral, mientras que el presidente nacional del MPD, Luis Villacís, reclamó de la CC transparencia y rectitud.

La movilización se produjo luego de que el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, manifestó que el objetivo del decreto es contar con personal eficiente y anunció que  1.121 servidores públicos saldrán de sus puestos una vez que finalizasen su carrera.