Cerca de 100 millones de dólares ha gastado el Estado ecuatoriano en su defensa en procesos tramitados en tribunales de arbitraje. Esas cortes son reconocidas por los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) que ha firmado el país.       

Y es que desde 2001 Ecuador ha sido objeto de 34 arbitrajes, que incluyen fallos favorables a las petroleras Oxy y Chevron. La primera reclama 2.300 millones de dólares y la segunda 19.000 millones. “Eso supera largamente toda la inversión extranjera que recibió el país por parte de los tratados de inversión”, comenta    Andrés Aráuz, subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

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En noviembre de 2012, la uruguaya Cecilia Olivet publicó la investigación titulada “Cuando la injusticia es negocio”, en la que explica cómo las firmas de abogados, árbitros y financistas alimentan el auge del arbitraje de inversiones.

Olivet es enfática: “Solo 15 árbitros, casi todos ellos procedentes de Europa, EE.UU. o Canadá, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en base a los tratados de inversión. Ella denuncia que la industria del arbitraje internacional de inversiones está dominada por un reducido y compacto grupo de firmas de abogados y árbitros de los países del norte.  

Este  grupo estaría formado por 21 firmas de abogados, allí figurarían bufetes jurídicos como Freshfields Bruckhaus Deriger, con 71 casos en su poder; White & Case con 32 causas; King & Spalding con 27 procesos; Curtis Mallet, Prevost Colt & Mosle, con 20 casos, entre otros.

Para Aráuz la razón de este monopolio es clara. Él afirma que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) exige que sean bufetes internacionales los que intervengan en los procesos, lo que “obliga a que el Estado tenga que hacer pagos altos por los costos de abogados, que en teoría nos defienden”. Y a eso se suma que la mayoría de estos juristas patrocinan también a los inversores.

Desde 2008 hasta 2010, el Ecuador denunció 23 TBI. En enero de 2010, la Corte Constitucional ya declaró ilegales algunos de ellos como el que se firmó con  EE.UU. Estos acuerdos fueron remitidos al Ejecutivo para que éste a su vez  los envíe a la Asamblea, donde todavía no hay un pronunciamiento.

Pero ese no sería el único problema. Si la Asamblea decide terminar con los tratados, estos estipulan en sus cláusulas que si ocurre eso estarán vigentes por 20 años más. Aráuz comenta que la mayoría de los TIB se firmaron entre 1993 y 2004, específicamente en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad.

El Gobierno asegura que estos acuerdos no respetan la soberanía jurisdiccional del Estado porque no reconocen las cortes nacionales, ya que los procesos van directamente a una comisión conformada por tres árbitros procedentes de las grandes potencias.

Además solo los inversionistas pueden seguir juicios al Estado, pero no al revés. A ello se sumaría la falta de definición de conceptos como el de inversión y expropiación indirecta. En el primer caso, según el subsecretario de Senplades, la familia Pérez, accionista de Diario El Universo, inició un juicio  en el Ciadi “porque tenían pasaporte estadounidense y pasaron a ser inversionistas”.

El país ya trabaja en las estrategias. El canciller Ricardo Patiño cuenta que actualmente  se diseña el marco jurídico para promover “ Convenios de  Inversiones para el Desarrollo”, proyecto que estudia la Procuraduría y el Ministerio de Sectores Estratégicos. “Luego lo presentaremos al presidente Rafael Correa y tiene un contenido razonable de acuerdo de inversión para fomentar el desarrollo”, afirma el diplomático.      
 
El gobierno también impulsa la construcción de un centro de arbitraje en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y prepara una auditoría para evaluar los TBI y los centros de arbitraje internacionales.