Carchi se ubica en el quinto lugar del país en cuanto a la residencia de refugiados y solicitantes de refugio, después de Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Pichincha, de acuerdo con datos del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), entidad que abrió una nueva oficina en Tulcán (Carchi).

Este proyecto jesuita es financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Consejo Noruego para Refugiados (CNR).

Fernando Ponce, director de SJRM en la capital carchense, explicó que el trabajo se enfocará en brindar atención jurídica gratuita en relación al proceso de solicitud de refugio, acceso de derechos  de población migrante y refugiada, asesoría en regulación migratoria y patrocinio de casos de personas que huyen de Colombia por la violencia  y buscan refugio en Ecuador.

Esto porque -según la organización- la población en necesidad de protección internacional (PNPI) tiene dificultades para acceder al derecho a la justicia como mecanismo para demandar la garantía de sus derechos. Esto, entre otras cosas, porque el bajo nivel de escolaridad de las personas afectadas por el conflicto colombiano y las exigencias técnicas para poder utilizar las acciones y recursos establecidos en las normas para reclamar sus derechos llevan a que muchas PNPI se abstengan de reclamar jurídicamente a las autoridades encargadas de garantizarles sus derechos o acudir a la justicia para que se los garantice, afirma el SJRM.

También se busca articular de mejor manera el trabajo con otras dependencias dedicadas al tema de refugio y migración.

Por su lado, Patricia Rosero, coordinadora del Acnur en Carchi,  manifestó que la apertura de la oficina del SJRM es una gran oportunidad para que las personas desplazadas puedan tener acceso a información, orientación y asesoría.
“Como Acnur apoyamos iniciativas locales, estamos prestos para coordinar y de alguna manera referir los casos y permitan brindar servicios complementarios”, acotó la funcionaria.

Recordó  que Ecuador es el país con mayor cantidad de acogidos en América Latina, con 54.500 refugiados reconocidos y cerca de 20.000 por definir; esto, según el Acnur, lo categoriza como uno de los países ejemplo de respeto a la política de refugio y convenciones internacionales.

Para Rosero, el que las negociaciones de paz en Colombia entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC permitan el retorno de personas a ese país, depende de dos factores: voluntad y seguridad. Voluntad de querer regresar a su país de origen y conocimiento de que tan seguro es hacerlo.

La funcionaria agregó que en 2009 hubo la mayor afluencia de población y reconocimiento de refugiados, y que en la actualidad, pese a que el flujo es permanente, no ha habido desplazamientos masivos.

Además según datos de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Carchi el 61% de las personas en esa condición reside en el cantón Tulcán, el 17% en Montúfar, el 16,5% en Bolívar, el 2,5% en Mira y el 2% en Huaca.

Por otra parte, el SJRM informó que en los primeros seis meses de este año atendió, en Carchi,  a más de 500 personas, el 99% es colombiana, con necesidades de regularización migratoria, acceso al procedimiento de asilo y reconocimiento del estatus de refugio.

El organismo espera atender por lo menos a 80 personas cada mes. Es decir que hasta diciembre de este año a por lo menos 200 ciudadanos más.