El pleno de la Asamblea se allanó a 31 de las 32 objeciones presentadas por el Ejecutivo a la Ley Orgánica de Discapacidades.

La presidenta de la Comisión de Discapacidades, María Cristina Kronfle, solo mocionó la ratificación del Legislativo en la Disposición Transitoria Tercera.

Con ello se estableció la obligación de la autoridad sanitaria de expedir una norma técnica para calificar a las personas con discapacidad en el plazo máximo de un año a partir de la publicación de la Ley.

Así, este grupo de personas debe demostrar su grado de discapacidad para registrarse en el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).

En la actualidad existen 342.000 personas inscritas, de una población de 1,3 millones de discapacitados. Kronfle aseguró que la Comisión está de acuerdo con el criterio del Ejecutivo, pero no concuerda con que se someta a todas las personas con discapacidad a un nuevo proceso de evaluación y calificación, sin que exista previamente la auditoría de los casos que podrían ameritar el registro de discapacidad.

La asambleísta reconoció que hay quienes tienen el carné sin merecerlo, porque no hubo una verificación adecuada de su condición; pero reiteró que “hay otras personas que sí deben tenerlo, pues nos hemos demorado más de una década para llegar a ser carnetizadas”, por lo que un año es insuficiente.

Ángel Vilema, coordinador de PAIS, reiteró que el bloque se allanó a la observación del Ejecutivo puesto que han habido casos de personas que se aprovechan de los beneficios para personas con discapacidades.