El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

El proyecto obtuvo 67 votos a favor, 23 en contra y 34 abstenciones. Desde Tulcán, el presidente Rafael Correa expresó su satisfacción por la aprobación de la normativa.

Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, junto con su equipo de asesores trabajó ayer en el informe final.

Indicó que se incorporaron 31 transformaciones de fondo y 32 de palabras en relación al texto enviado por el Ejecutivo. Entre ellas, se eliminó el término de medidas cautelares.

Además, ya no será el presidente de la República, quien mediante decreto determine las restricciones a la competencia, sino la Junta de Regulación mediante una resolución motivada.

Asimismo, dentro de las facultades de investigación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se eliminó la posibilidad que se solicite la información, principalmente en lo referente a las agendas personales y otros requerimientos, con lo cual se garantizará la privacidad de los regulados.

También se cambió la figura de las medidas cautelares por preventivas, dentro del proceso de investigación y sanción que sustanciará la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

Las políticas públicas se orientarán hacia la preservación de la soberanía alimentaria de las pequeñas y medianas unidades de producción y que se establezcan mecanismos para la determinación de precios referenciales en el sector agroalimentario.

El Presidente Rafael Correa había manifestado que es fundamental este proyecto pues en el país "hay concentración de la actividad económica donde un puñado de empresas y las respectivas familias propietarias manejan toda la economía privada".

Si el proyecto no era aprobado hasta este jueves, debía entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, pues hoy vencía el plazo para el tratamiento en la Asamblea Nacional.

La normativa será remitida en las próximas horas al Jefe de Estado para que lo sancione u objete, de conformidad con lo que establece la Constitución.

Fuente: Andes, Asamblea Nacional