“¿Irías a un juicio contra el diablo, si el Tribunal tuviera lugar en el infierno?”, se pregunta la politóloga Cecilia Olivet, quien analiza la relación de imposición  que, en la mayoría de casos, tienen los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

En su libro “Cuando la injusticia es negocio”, publicado en 2012 por el Corporate Europe Observatory (CEO), la escritora uruguaya encontró la respuesta. “Los gobiernos lo han hecho”, dice sin tapujos y sostiene que la prueba de sus aseveraciones están en los TBI, que en 20 años se multiplicaron hasta ocho veces, pasando de 385 en 1989 a 2.833 TBI en 2011.  

El problema mayor, según Olivet, no está en la suscripción de los acuerdos, sino  en la  cláusula de solución de disputas en el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que es una institución adscrita al  Banco Mundial, en donde los casos también se multiplicaron.

La experta uruguaya explica que de 38 que se ventilaron en 1996 pasaron a 518, en 2012. La mayoría de estos procesos recae en América Latina. Argentina tiene 52 procesos; Venezuela, 34 y Ecuador, 30 casos, entre ellos los litigios de Oxy y Chevron, en donde el Estado ecuatoriano tendría que pagar más de 1.700 millones y 96 millones de dólares, respectivamente.

Para la defensa Ecuador ha invertido hasta el momento 94 millones de dólares. En el caso Chevron, por ejemplo, los árbitros Charles Brower facturaron 230.000 euros;  Karl-Heinz Böckstiegel recibió 652.000 euros y Albert Van Den Berg, 399.000 euros. Curiosamente, estos árbitros están considerados entre los 15 árbitros en quienes recaen, la mayoría, los casos judiciales. “No es un tema técnico, sino político, los ciudadanos con sus impuestos están pagando”, aclara Olivet.

Esto no sería todo, pues la especialista comenta que L. Yves Fortier, quien fue presidente del Tribunal en el caso Oxy, es miembro de varios grupos empresariales. Es decir que “es juez y parte”, afirma.

Esta denuncia no es casual, meses atrás la asambleísta María Augusta Calle señaló que L. Yves Fortier es socio del principal dueño de Encana, Gwyn Morgan, a quien la petrolera Oxy habría vendido parte de sus acciones. Olivet sostiene que estos árbitros son parte de los 15 que resolvieron el 55% de las disputas arbitrales. “Son una mafia interna”, afirma.  

A esto se suma que los procesos recaen en tres bufetes jurídicos (Freshfieds, de Reino Unido; White & Case y King & Spalding, de EE.UU.), que resuelven la mayoría de  procesos.  Los abogados cobran hasta $ 1.000  por hora y los árbitros, según el Ciadi,  desde 3.000 dólares.

La próxima semana en Quito, representantes de la Unasur, la ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños analizarán la construcción de un modelo alternativo de inversión regional, que contemplará la creación de un centro de arbitraje local, así como contratos de inversión con derechos y obligaciones para las partes.

Ecuador denunció 23, de los 26 TBI, a pesar de ello tendrá que seguir afrontando el TBI de Gran Bretaña, por ejemplo, hasta por 20 años, que es el tiempo de vigencia del mismo.