Con 104 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional concedió amnistía a siete campesinos de la población de Nabón (provincia del Azuay), acusados del delito de sabotaje, por lo que fueron condenados a ocho años de prisión tras su participación en protestas contra la actividad minera en la provincia.

Con la decisión calificada “de estricta justicia” se archivan los procesos penales y quedan insubsistentes las órdenes de prisión en contra de los amnistiados, Vinicio Saravio Jaya, Plutarco Patiño, Celso  Patiño, Rodrigo Quezada, Segundo Sanmartín, Luis Sanmartín y Manuel Capelo,   quienes al momento se encuentran prófugos de la justicia.

El defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, presentó ante la Corte Provincial de Justicia del Azuay una petición para que se les concediera la amnistía, luego de que la Corte Provincial de Justicia del Azuay, desconociendo la amnistía concedida en su momento por la Asamblea Constituyente, sentenciara a los dirigentes  que lideraban protestas contra la compañía minera Explorsur, perteneciente al Grupo Eljuri.

La asambleísta azuaya Rosana Alvarado, vocal de la Comisión de Justicia, manifestó que se trata de un caso de persecución judicial por parte de los poderes económicos en contra de líderes y luchadores por los derechos humanos.

Luego de aprobar la amnistía los asambleístas iniciaron el primer debate del proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en el Sistema Nacional de Salud, de autoría de la asambleísta Lourdes Tibán.t