Amaia Pérez, quien trabaja desde hace varios años como investigadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en temas de economía social, consideró que  Ecuador se ha convertido en un referente para Latinoamérica en cuanto al apoyo a ancianos y personas con discapacidad.

Aunque acciones como el Bono de Desarrollo Humano (BDH) y la Misión Solidaria Manuela Espejo deben ser replicadas en otros países, Pérez afirmó que apenas se han dado los primeros pasos dentro del ámbito.

La investigadora manifestó que aún no hay, en el país, una participación total de todos los componentes de la sociedad que permitan aprovechar, en forma óptima, la ayuda facilitada a los grupos de atención prioritaria.

¿El BDH es efectivo para fomentar el desarrollo social de las familias más pobres?

Es una excelente iniciativa. Ecuador es ejemplo de cuidado social que otros países del continente deben imitar. Sin embargo, varios elementos de la sociedad siguen delegando responsabilidades en lugar de trabajar conjuntamente por cuidar a grupos vulnerables.

¿Como cuáles elementos, por ejemplo?

La gestión de los cuidados está en una difícil situación. Dentro de las familias, las personas transfieren las responsabilidades a otras, especialmente  mujeres, debido a que la mayoría de sus miembros busca  participar del mercado laboral antes que hacer una labor que no les representa   beneficio económico. No hay suficientes recursos públicos para reconocer ese trabajo social interno y, generalmente, los hombres no se involucran.

Paradójicamente, los migrantes se han   insertado en el sector de los cuidados en otros países, a la vez que han dejado las responsabilidades de cuidados en sus propios hogares.

¿Cuál es la situación en la que quedan los ancianos y personas con discapacidad por la migración?

En situaciones muy vulnerables. Aunque los hogares, en lo material, mejoran, porque llegan los ingresos, se presentan vacíos a  nivel emocional y afectivo. Algo curioso, que hemos encontrado en las investigaciones, es que, en general, en las cadenas de cuidado compuestas por hombres, no se han dejado familiares en el país de  origen o, si los han dejado, como antes no los cuidaban, cuando se marchan no cambia nada en la organización cotidiana, solo que la figura del padre de familia está más lejana.

Mientras que, por otro lado, la responsabilidad se suele redistribuir cuando la cadena de cuidados está compuesta por mujeres: una hermana, una tía, una hermana mayor... Se dan casos en que los niños, ancianos o personas con discapacidad prefieren rodearse de   una red de mujeres para salir adelante.

¿Son las mujeres las principales responsables en la administración de recursos que otorga el Estado como apoyo?

Las cadenas de mujeres, a lo largo del mundo, cuando transfieren cuidados, según ejes de poder, son las que mejor sostienen los sistemas socioeconómicos. La deficiencia por parte de las instituciones públicas, de las empresas y de los hombres, a la hora de asumir estas responsabilidades obliga a poner en marcha estas cadenas.

¿Esto es un factor común en todos los países, incluyendo Ecuador?

Definitivamente. El sistema adjudica la responsabilidad en los hogares a las mujeres y, a la vez, asume que las trabajadoras  estarán plenamente disponibles. Existe un nexo sistemático entre cuidados, desigualdad y exclusión.

La ventaja en Ecuador es que hay políticas y gestiones estructuradas dirigidas hacia los hogares en condiciones precarias. Es decir, existe, al menos, una intención de revertir las desatenciones en las cadenas de cuidados a favor de ancianos y personas con discapacidad. Los primeros pasos están dados y esperemos que pueda ser sustentable en el futuro.

¿Cómo se podría optimizar la cadena de cuidados a favor de las personas de atención prioritaria en el país?

Hay que establecer una política de  derecho al cuidado, con tres dimensiones. La primera, además del derecho a recibir cuidados en instituciones  públicas  para ancianos y personas con discapacidad, se debe hacer énfasis a otorgar el derecho al tiempo de calidad, lo que exigiría una reorganización de la forma de producir en el mercado, de la jornada laboral y de las ciudades.

La segunda es el derecho a elegir si quieres hacerte cargo o no del cuidado de una persona. Si es  así, que sea en condiciones dignas. Y si no quieres hacerlo, que haya alternativas, como servicios públicos. La última dimensión aborda los derechos laborales en el sector de cuidados, que es uno de los más precarizados del mercado laboral. Lo que no está claro es qué alternativa queremos.

¿Cómo llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones del cuidado a los ancianos y personas con discapacidad?

Hay que generar el debate. Tradicionalmente, al delegar responsabilidades al Estado o a los miembros de una familia, lo que menos se quiere es participar de una solución que beneficie a todos. Hay que clarificar el alcance de los derechos y deberes sociales.