El alcalde de Quinindé, Manuel Casanova Montecino, apelará ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo la resolución de la Contraloría que determina su responsabilidad “administrativa culposa” en la contratación de maquinaria sin previo concurso; por no realizar la valoración predial urbana y rural en 2010 y 2011; y por no calificar al personal como servidor u obrero del sector público.

El 19 de diciembre pasado la Contraloría confirmó el informe preliminar del 16 de junio de 2014 que sancionó esas faltas administrativas con la destitución del cargo y el pago de una multa de $ 4.360.
 Casanova se acogerá al artículo 49 de la Ley Orgánica de la Contraloría que concede un plazo de 30 días, a partir de la notificación, para impugnar la decisión ante los Tribunales Distritales. 

“Respeto el trabajo de las instancias de control, pero considero que fue apresurado determinar la destitución de un alcalde electo por el pueblo y que no cometió ningún acto doloso. No he desfalcado ni malversado fondos. No tengo denuncias de peculado, se trata de asuntos administrativos  y de orden civil por inobservar ciertas normas, pero me destituyen”, sostuvo.

El burgomaestre aclaró que la destitución no es efectiva porque aún tiene el recurso de apelación. Y explicó que la contratación de vehículos en cuestión fue para recolección de desechos sólidos y que la valoración de predios (20 mil urbanos) se logró para este año. Mientras que el personal está sujeto a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad.