La iniciativa de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de demandar a Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el presunto espionaje denunciado por el exagente Edward Snowden, tiene trascendencia política, aunque jurídicamente el camino es complicado.

La declaración final, aprobada por los presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de los nueve países reunidos el pasado martes en Guayaquil, señala, entre otras conclusiones, que constituirán un equipo técnico-jurídico que estudie la preparación de una demanda contra el gobierno de Estados Unidos de América por la implantación de un sistema de espionaje masivo a nivel mundial.

La declaración agrega que este tipo de prácticas es violatorio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a otras normas internacionales, por lo que llevarán su demanda en la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, prevista para octubre.

Para el analista internacional y catedrático universitario Carlos Estarellas Velásquez, la declaración de la ALBA posee importancia política, pero es difícil que se materialice. Alude dos razones: el peso de los países  y la presentación de pruebas. “Se ha comprobado que desde la Guerra Fría, y más aún en la actualidad, todos los países que tienen algún poder político se espían”, señaló Estarellas.

Agregó que si la ALBA lleva la denuncia a las Naciones Unidas, va a ser difícil su camino porque cada estado tiene sus intereses. “Lo veo más como una declaración de tipo político importante, pero que en la práctica es difícil de concretar. Todos los países se espían y van a querer curarse en salud” en caso de que la demanda llegue a esas instancias, comentó el analista.

Escollo jurídico

El segundo punto, acotó, es el plano jurídico, en donde la ALBA tiene que presentar pruebas y hay que ver cómo pueden obtenerlas. “El equipo jurídico que asigne la ALBA debe tener la prueba plena para comprobar que ha existido espionaje”, sostuvo.

Si bien todos saben, por las declaraciones del fundador de WikiLeaks, Julian Assange; y del exagente Edward Snowden,  que Estados Unidos practica el espionaje en el mundo, se necesita una prueba plena para presentar una demanda de esa naturaleza, es decir, una constancia, porque las declaraciones son importantes, pero en un juicio siempre se pide una prueba.

DATOS

En la declaración, la ALBA convocó a sus integrantes a un encuentro denominado “Contra el fascismo”, en la ciudad de Caracas (Venezuela) para el 11 de septiembre de este año.

El encuentro tiene como finalidad rendir un homenaje al ex presidente de Chile, Salvador Allende, al conmemorarse los cuarenta años de su muerte, durante el golpe de Estado ocurrido en ese país en 1973.  

Desde ayer y hasta mañana se realiza en la ciudad de Cochabamba (Bolivia) el Encuentro Internacional por la Defensa de los Derechos Humanos y la Soberanía de Nuestros Pueblos. Los presidentes saludaron esa cita.Miguel Vasco, ex embajador del Ecuador ante la OEA, fue más cauteloso en su opinión. A su criterio esa iniciativa nace de una inspiración de la ALBA que tiene una visión antiimperialista y  desde ese punto de vista se explicaría el tema, pero por la naturaleza misma de la iniciativa debe examinarse con mucha serenidad, tomando en cuenta, además, las diversas tendencias que existen en las Naciones Unidas.

“Hay que ver el alcance de la resolución porque el tema de espionaje interesa a la comunidad internacional en su conjunto”, agregó, tras recalcar que la ALBA podría presentar una demanda, pero el destino de esa iniciativa es incierto, pues todo depende de la medida del interés de la comunidad internacional sobre el tema.

En el caso de que la ALBA cristalice su demanda, deberá presentarla ante la Asamblea General de la ONU. Si ésta tiene acogida deberá pasar ante el Consejo de Seguridad del organismo, que deberá procesarla, y en esa instancia EE.UU. tiene derecho de veto.

No existen otras instancias para procesar la demanda, pues organismos como la Corte Internacional de La Haya y la Corte Penal Internacional tienen atribuciones sobre otros problemas.

El primer organismo aborda conflictos entre estados, sobre todo aquellos de índole territorial o bélicos, así como casos de controversias en la interpretación de tratados. En cambio, la Corte Penal Internacional atiende  delitos de lesa humanidad. El camino más viable es  la Asamblea General de la ONU, donde todos los estados miembros tienen voz y voto, y el derecho a veto no existe.

Crítica a tratados bilaterales

La declaración final de la ALBA también incluyó una crítica a lo que llamó nuevas formas de explotación, a través de la imposición de herramientas como los tratados bilaterales de protección de inversiones y del funcionamiento de instancias internacionales de arbitraje como el CIADI.

Indicaron que estas instancias anteponen los intereses del capital a los  de la sociedad, de la naturaleza, y de la propia institucionalidad democrática. En este punto expresaron su respaldo a Ecuador al conocer los casos de Oxy y Chevron.

Pese a aquello, los países firmantes aclararon que esto no significa un rechazo a la inversión extranjera directa, sino más bien un relacionamiento inteligente con ella, de modo que pueda ser aprovechada en beneficio de las naciones.

Para ello, acordaron establecer mecanismos de integración con el fin de  que en bloque, los países puedan imponer las condiciones en cada contrato, a fin de evitar que se privilegien los intereses del capital por sobre los de la población. Los mandatarios de la ALBA volverán a reunirse el próximo 11 de septiembre, en Caracas.

ALBA APOYA USO DE RECURSOS NO RENOVABLES

En otro punto de la declaración de la ALBA, los países miembros respaldaron el derecho y la necesidad de aprovechar, de manera responsable y sustentable, sus recursos naturales no renovables. La declaración agrega que existe el potencial de ser utilizados como una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de los pueblos.

Esta resolución se dio luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, en el discurso de inauguración instara a los asistentes a la cumbre a pronunciarse en este tema. “La conclusión sensata, inteligente, responsable, histórica es tener una buena explotación de nuestros recursos naturales no renovables y rechazar el infantilismo (esto último a propósito de quienes se oponen a la explotación)”.

La declaratoria de la ALBA toma en “cuenta que el principal imperativo social de nuestro tiempo -y de nuestra región- es combatir la pobreza y la miseria”. Y sostiene que “rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del antiextractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza”.

Otra resolución fue trabajar en conjunto para que la educación, la salud, la atención a personas con discapacidad, entre otras, sean garantizadas gratuitamente, como servicios públicos de calidad. “Debemos reimpulsar las misiones sociales en todos los países de la ALBA. Proponemos convertir a nuestros países no ya en zonas de libre comercio, sino en zonas libres de hambre, analfabetismo, miseria y marginación.