Tras 18 años de su muerte, los familiares de Vidal Segura Hurtado  aún esperan que se sancione a los responsables de su ajusticiamiento.

El 8 de mayo de 1993, el cadáver de Segura fue encontrado, en el sector Las Lomas, en la vía Perimetral de la ciudad de Guayaquil. 

Según testimonio de su hermana Rocío Segura Hurtado, el joven, que entonces tenía 23 años, fue víctima  de una persecución por parte de  los policías Ricardo Enríquez y Luis Cárdenas, a quienes se los acusa de su muerte.

Segura comenta que un día  de abril su hermano tuvo una discusión con   los gendarmes, quienes amenazaron con matarlo y  dejar su cuerpo tirado en la vía Perimetral.

La promesa de los uniformados se habría cumplido el  4 mayo de 1993 cuando Vidal fue perseguido -según sus familiares- por un grupo de agentes vestidos de civil, que lo  esposaron y embarcaron en una  camioneta.  Tres días después su cadáver fue hallado en la vía Perimetral con tres disparos de bala calibre 38 y muestras de torturas.

La madre de la víctima, María Hurtado, presentó una demanda ante la Corte de Justicia y en   las investigaciones se recogieron testimonios que involucraban a los policías Enríquez y Cárdenas en este caso.  

El 8 de noviembre de 1994 la  Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado ecuatoriano por violación a los derechos humanos por la muerte de Segura. Se sospechaba que este crimen estaba vinculado con la operación Látigo,  iniciada en 1992 por el gobierno con el fin de combatir la delincuencia.

En respuesta, dos años después, el Gobierno ecuatoriano emitió un informe a la CIDH señalando que Segura poseía una demanda por  asalto y robo  y que los gendarmes solo intentaron detenerlo. “Lo siguieron e ingresaron al domicilio de la abogada Anabell Yagual y dispararon con dirección a su casa, por lo que ella presentó una denuncia ante el Cuarto Distrito de la Policía en contra de los  policías”, señala el informe.

Rocío Segura  asegura que los policías  al saberse denunciados por   Yagual tomaron represalias contra su hermano y lo ajusticiaron. “Él fue víctima de una persecución y abuso policial”, afirma la mujer.

La CIDH estableció la responsabilidad del Estado ecuatoriano,  que  el 15 de agosto de 2001, tras llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa entregó a la familia de Hurtado una  indemnización compensatoria por el valor de 30.000 dólares. A la vez se comprometió a   enjuiciar,  tanto civil como penal, a las personas que participaron en este crimen. 

Sin embargo, no se siguieron acciones penales en este caso y los  agentes policiales implicados  fueron trasladados a otra provincia, donde están en libertad y cumplen otras  funciones, afirma Rocío Segura Hurtado, quien exige a las autoridades que la muerte de su hermano no quede en la impunidad.

“Más allá de una indemnización lo que queremos es una sanción penal, porque es terrible tener a policías que ajustician y abusan de su autoridad”, menciona.