Ramiro Aguilar Torres es un abogado quiteño, de 44 años de edad, no ha participado anteriormente en política y ahora encabeza la lista de candidatos nacionales a la Asamblea por el Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA).

Se ha desempeñado como abogado durante 20 años de su vida, trabaja en el  Estudio Jurídico Aguilar Torres. Se graduó en 1991 de licenciado en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el siguiente año obtuvo el doctorado en Jurisprudencia en el mismo centro.

Cuenta también con un curso de posgrado en la especialidad de Criminología en la  Universidad de Salamanca, Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal en España. Ha sido catedrático universitario y decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

El jurista también se ha destacado en la vida pública por ser articulista de diario Hoy de Quito, hasta el año pasado. Se considera un librepensador, según lo publica en su cuenta de Twitter @ramiroaguilart.

A través de esta red social el candidato expresa sus convicciones, aunque en muchas ocasiones sus seguidores no concuerden con su pensamiento.

Entre los temas que ha tratado está la despenalización del aborto. “Estoy absolutamente convencido de que el aborto debe despenalizarse y regularse bajo una óptica de salud pública”, respondió el candidato a una de las interrogantes realizadas por una seguidora.

Aguilar manifestó que fue sincero en su respuesta aunque esto le signifique menos votos, como efectivamente lo firmó la seguidora. “Espero que valore la verdad de mi respuesta porque intuí lo que quería leer y pude decirle lo contrario para contar con su voto”, escribió el político.

Otro tema polémico del que ha emitido su punto  de vista es la unión entre personas del mismo sexo. “A propósito también creo en el matrimonio gay”, afirmó.

Uno de los casos más sonados en los que ha intervenido como defensor fue el de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano” y que fueron sentenciados a pagar un millón de dólares al presidente de la República, Rafael Correa, por afirmaciones sin pruebas que realizaron en la publicación y que no las pudieron sustentar.