Una campaña de desprestigio por parte de la petrolera estadounidense Chevron ha sido denunciada por el Gobierno ecuatoriano. Según las autoridades, la compañía está tratando de endosar su responsabilidad en la remediación ambiental en los lugares del Oriente ecuatoriano donde laboraba Texaco.   

El procurador general del Estado, Diego García, explicó que el caso Chevron dejó de ser una demanda particular entre las comunidades indígenas y la empresa norteamericana que absorbió Texaco, ya que se ha tornado en  un arbitraje internacional, que ahora involucra al Estado ecuatoriano.

García detalló que la petrolera estadounidense pretende endosarle al Estado el pago por los daños que Texaco causó en la Amazonía. “Chevron pretende atribuirle al Estado la responsabilidad final de cualquier daño que exista en el medio ambiente en el sector que explotó Texaco, es decir que si en algún momento Chevron tendría que pagar los 19 mil millones de dólares, lo que pretende es que Ecuador lo haga”.  

“El Estado no ha interferido de ninguna manera; obviamente a través de pronunciamientos se ha hablado del derecho que tienen las comunidades de defenderse”, recalcó el funcionario.

También detalló que está en manos de la Corte Nacional de Justicia la decisión de ratificar o no la decisión del juez de Sucumbíos. A esta maniobra de Chevron se suma una presunta persecución a los activistas que apoyan la demanda.

DATOS

Los demandantes han solicitado varias acciones para hacer efectiva la sentencia y cobrar los 19 mil millones de dólares que fijó la Corte Provincial de Sucumbíos como parte de la compensación a las comunidades por el daño ambiental.

El caso tiene 20 años de vigencia y aunque hay una sentencia no ha terminado.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes de la Amazonía, informó que existe manipulación por parte de la trasnacional estadounidense para evitar la compensación. Ellos interpusieron una demanda en contra de la empresa, mientras que la compañía demandó a los ecuatorianos acusándolos de fraude. Ese juicio se reinstala el 15 de octubreLa abogada Marissa Vahlsing, de la ONG estadounidense Earth Rights, es una de las defensoras de 100 activistas ambientales y de Amazon Watch, a quienes ha tenido que representar en un juicio interpuesto por Chevron que busca información personal de ellos a través de una orden judicial en Microsoft (Hotmail), Google (Gmail) y Yahoo.  

“En Estados Unidos existe la posibilidad de que los abogados emitan órdenes en lugar de la Corte, pero si el juez las considera un abuso puede revertirlas”, explicó la letrada. “En el caso de Amazon, Chevron pedía que a través de ese argumento jurídico (subpoena) la ONG haga públicos las páginas y documentos internos sobre la petrolera. Nosotros logramos revertir la posibilidad, alegando la primera enmienda de nuestra Constitución que garantiza que se puede hablar con libertad”, dijo.

A esto se ha sumado un segundo caso en el que se involucra a 100 personas, ya que la petrolera ahora ha pedido datos personales y de usuarios de las personas, “es decir ha solicitado los datos de quienes tienen cuenta con Google, Hotmail, Yahoo y lo que busca Chevron es identificar quién maneja cada cuenta e identificar o crear un mapa de movimientos, lo que vemos como una clara violación a los derechos”, expresó.

Earth Rigths ha interpuesto un recurso de ilegalidad para detener esta acción en dos estados estadounidenses, el uno  es un pedido que se realiza a Hotmail, el cual pertenece a Microsoft, sobre datos de 30 personas. “El juez que tiene este caso es el mismo asignado en la demanda principal (Luis Kaplan), quien ya se  ha puesto  en contra de los demandantes en Ecuador. Este mismo juez estimó que no se violó la Constitución porque no habíamos probado que los sujetos de la solicitud fueran ciudadanos estadounidenses”, recalcó.

Kaplan está tratando el tema aunque  no corresponde a su Distrito, pero logró una asignación especial. Uno de los argumentos del juez, al parecer, es que todos los ciudadanos no tienen los mismos derechos que los estadounidenses.

Este juez ha sido cuestionado en varias ocasiones porque según los afectados está parcializado a favor de la petrolera, por ello interpusieron una queja para que fuera removido.

Existe otro proceso en una Corte de California que involucra a 70 personas de quienes se quieren obtener sus datos de los correos de Gmail y Yahoo.