Un informe o pronunciamiento emitido recientemente por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se basa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  manifiesta que limitar el acceso a Internet constituye una violación a los derechos humanos básicos.

El pronunciamiento constituye un llamado de atención a países como Francia y Reino Unido, en donde se aprobaron leyes que permiten eliminar de la red a infractores que violaron derechos de autor de Internet y a otros gobiernos que habrían bloqueado este acceso por intereses políticos.

A través del documento, la ONU, plantea a los Estados  despenalizar la difamación y subraya que la protección de la seguridad nacional o lucha contra el terrorismo no puede ser utilizada para justificar una restricción al derecho a la expresión, a menos que se demuestre que incita o se vincula directamente con actos de violencia.

Si bien, la libertad de expresión es un derecho que no se puede coartar, el acceso a Internet, en caso de que este pronunciamiento se convierta en una resolución y determine que es un derecho humano básico, “los Estados deberán iniciar un proceso de modificación en las leyes   relacionadas con la comunicación y libre información”, opina el asesor jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Rodrigo Trujillo.

En el caso de Ecuador, acota Trujillo,  esta resolución exigiría cambios en la Ley de Comunicación que se tramita en la Asamblea Nacional, puesto que el derecho al acceso a la tecnología sí se contempla en el artículo 16 de la Constitución, ya que se deberán establecer políticas específicas para su uso en niños, oficinas y otros grupos y espacios.

A esto se suma que se convertiría en un servicio gratuito si proviene del sector estatal.

Según Cristhian Espinosa, director de la consultora privada Cobertura Digital, este llamado de atención representa un gran avance ya que es la primera vez que se reconoce, en  tan alta instancia, la importancia que tiene el uso de la tecnología.

“Ahora hay que ver como se materializa este informe para que los Estados cumplan  este derecho y no sea algo que dependa de gobiernos de turno”, manifiesta.

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística  y Censos (INEC),  el uso de  Internet en Ecuador se incrementó en 3,3 puntos, es decir, que un 29% de ecuatorianos tuvo acceso a esa tecnología en  2010 frente al 25,7% del 2008.

En el sector urbano, indica la  última encuesta de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’S realizada por la misma institución,  el uso de Internet subió de 34% a 37,7%, mientras que en el sector rural pasó del 9% al 12%.
La provincia que mayor crecimiento registró en el uso de Internet fue El Oro con 7,5 puntos, seguida por Bolívar con 6 puntos y Manabí con 5,8 puntos.

Entre los usos más comunes que los ciudadanos hacen de la red  están la educación y el aprendizaje con un 40% de los encuestados. Mientras  que el 27,2% es para obtener información y el 22,4%  para comunicarse.

El llamado de atención de la ONU considera Espinosa, debe estar orientado a romper la inequidad para que el acceso a la tecnología deje de ser de uso exclusivo de las clases sociales altas o zonas urbanas, ya que datos recientes del INEC demuestran que en el Quintil 1, el uso de Internet fue de 13,2% de personas.

Sin embargo, señala que su buen uso depende de la formación de las personas, por lo que deberán iniciar procesos de alfabetización informática y de esta manera evitar tomar medidas extremas en cuanto a la restricción de páginas.
Trujillo explica que en caso de que esta resolución se formalice, los empleados de las oficinas   donde se bloqueen determinados sitios web  pueden iniciar procesos legales, ya que se elimina el derecho a la libertad de información.

Ana Escobar, docente de comunicación social, opina que si bien el uso de las redes sociales no es una herramienta imprescindible, es útil en cuanto al  intercambio de información, elaboración y posicionamiento de  proyectos.

Paúl Suárez, gerente de Recursos Humanos en una empresa privada, afirma que el uso adecuado de las tecnologías contribuye  al crecimiento productivo.

“El que los empleados usen por horas las redes sociales es temporal. Para regular esto hay políticas en cada empresa, pero eso no implica un problema”.

Sin embargo, considera que el bloqueo de páginas de este tipo hace que el empleado invierta tiempo de  las horas de trabajo para poder evadir estas seguridades. Trujillo indica que las regulaciones deben ser a nivel global, para evitar que se den situaciones como las ocurridas en países europeos.