La Asamblea Nacional cierra el año con cuatro leyes importantes que no ha podido aprobar: Ley de Comunicación, Ley de Aguas y Recursos Hídricos, Ley de Culturas y el Código Penal Integral.

Y parece ya difícil que los actuales legisladores completen esa labor debido a la campaña electoral que está por iniciar. Por eso, la futura Asamblea será la encargada de abordar estos temas.  

El asambleísta oficialista Gabriel Rivera reconoce que sí existe una deuda con el pueblo ecuatoriano al no aprobar las leyes antes citadas. “El bloque de PAIS ha agotado  todos los procedimientos a fin de que Ecuador tenga aprobadas leyes como la de Comunicación o de Aguas, pero es la falta de compromiso de la oposición la que no ha permitido que se aprueben normas de suma importancia para el país”, comentó.

Fernando Aguirre, legislador del Partido Sociedad Patriótica, considera que hay otro tipo de déficit en esta Función del Estado. “La deuda más grande es la fiscalización. El Poder Legislativo ha quedado debiendo leyes porque se ha seguido una hoja de ruta del Ejecutivo”, criticó.

La Asamblea Nacional sesionó 309 veces, trabajó en 518 proyectos de ley. De ese universo, 452 iniciativas fueron impulsadas por los propios asambleístas, mientras que 44 de los proyectos los remitió el Ejecutivo y 22 provienen de otras instituciones del Estado o son de iniciativa popular.

De los proyectos de ley que se tramitan, 113 están listos para primer debate, 62 para segundo y dos en consulta prelegislativa.

En lo que se refiere a proyectos calificados, 342 fueron propuestos por legisladores y 43 por la Presidencia de la República. Alrededor de 1.000 días laboraron los legisladores en la Asamblea Nacional. En ese período de tiempo se aprobaron 66 leyes.

Estado de las leyes

La Ley de Comunicación fue debatida por la Comisión Ocasional correspondiente durante tres años. El presidente del suborganismo legislativo es Mauro Andino.

Es que esta ley ha tenido varias etapas. Su redacción obedece a un mandato de la Constitución de 2008, lo que fue ratificado por la ciudadanía en la consulta popular de 2011.

El primer debate en la Asamblea se efectuó el 5 de enero de 2010. El 18 de junio del mismo año se aprobó el informe para la segunda discusión. Pero en el camino, periodistas y opositores tildaron la norma como “proyecto mordaza”.

Pamela Falconí, asambleísta oficialista, aseguró que  la ley no se aprobó por falta de voluntad política. “Una de las batallas del Movimiento PAIS es la  diversificación de las frecuencias que fortalecerían las radios comunitarias”, dijo.

El documento contiene 127 artículos y 20 disposiciones transitorias. El segundo debate se llevó a cabo el 11 de abril de este año y posteriormente se decidió aprobar la norma artículo por artículo.

La Ley de Comunicación establece en sus postulados las  siguientes propuestas: la responsabilidad solidaria, la profesionalización de la comunicación, entre otros principios.

Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, en julio de 2012, intentó retomar el debate  pero no contó con el quórum necesario.

La ley ya está lista para votarse. Los principales nudos críticos de la norma son la creación de un ente regulador de contenidos y la redistribución del espacio radioeléctrico.

Hasta el momento la Asamblea Nacional no ha previsto una fecha para votar esta ley, que por mandato constitucional debió ser aprobada en un plazo máximo de 365 días luego de promulgarse la Carta Magna.

Código Penal

El Código Penal Integral (CPI) es otra de las normas que registra retrasos. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado es el organismo de la Asamblea encargado de tratar este proyecto. En julio concluyó el primer debate de la  ley en el cual se incorporaron  los aporte de asambleístas y de representantes de organizaciones sociales.

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo y la ley se organizaba en cuatro libros: Información penal, Procedimiento, Aplicación y ejecución de penas y Medidas cautelares personales.

La Comisión abordó la ley como prioridad. El tema de condenas a  niños y adolescentes fue uno de los asuntos ásperos. En ese sentido se propuso la creación de una ley especial para este sector de la sociedad, por lo que fueron propuestas reformas al Código de la Niñez y de la Adolescencia para aumentar las condenas a los menores de edad.

Los temas del CPI que abrieron la polémica en el plenario fueron  el aborto en caso de violación, la despenalización de la injuria y calumnia penados, las sanciones a las huelgas o boicot, la proporcionalidad de las penas, entre otros.

La Comisión debía el segundo informe al titular de la Asamblea, hasta el 30 de octubre, que debía ser aprobado en segundo debate este mismo año. Gina Godoy, asambleísta de PAIS, dijo que su bloque ha trabajado de manera constante en el planteamiento de esta ley. “Es importante sociabilizar el CPI. Como integrante de la bancada, lo que pretendemos es no mediatizar lo que plantea el código, como es el caso de la interrupción del embarazo. Son 1.200 artículos que también tienen trascendencia”, afirmó.

Por ejemplo se estableció la modificación de nuevos tipos penales, como la fianza de delitos (violación o asesinato), cuya pena supere cinco años, la caducidad de la prisión preventiva, entre otros temas.

Con respecto a la tenencia de drogas se especificaron límites sobre ella para que una persona adicta no sea condenada por narcotráfico. En ese sentido se plantea que el asunto sea tratado por el Ministerio de Salud.

En el caso del aborto, el nuevo borrador sostiene que se lo permitiría en casos de violación hasta las 12 semanas de gestación. Esto ha ocasionado que grupos católicos realicen protestas en Guayaquil.

La Comisión de Justicia también dispuso tratar el CPI luego de las votaciones del 17 de febrero de 2013. El presidente del suborganismo, Mauro Andino, y otros legisladores aseguran que la ley no puede ser tratada como una bandera proselitista.

Mientras que la Ley de Aguas y de Culturas están actualmente en consulta prelegislativa. Con la segunda,  la consulta nacional concluyó este mes. El proceso de participación ciudadana contó con la presencia de más de 600 organizaciones.

En la mesa de diálogo se trataron los aspectos de los derechos culturales, el sistema nacional de culturas, memoria social, entre otros.

La Comisión Ocasional de Cultura debe presentar ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el informe sobre la consulta. De allí, este organismo tendrá cinco días para convocar una mesa de diálogo nacional.

En el caso de la Ley de Aguas, en noviembre, se convocó a las organizaciones sociales para que se inscriban y  participen del proceso. En estos talleres de diálogo se  discutirán los temas de identidad y cultura con relación al agua, uso, usufructo y administración del líquido vital, entre otros.

Este proyecto de ley es manejado por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Hasta el momento se han inscrito 1.600 organizaciones y la consulta comenzará a inicios de febrero de 2013.

Otras leyes que se quedaron fueron las reformas a la Ley de Tierras y a la Ley del Seguro Social. Enrique Herrería, asambleísta independiente, afirmó que “esta Asamblea queda en mora, pero algunas de las leyes aprobadas tienen una buena factura jurídica en beneficio de los ecuatorianos (...) En cuanto a fiscalización también hay un déficit”.