Juan M. camina en Ecuador con tranquilidad. Vive en Lago Agrio desde hace seis años, tiempo en el cual tuvo que salir del sector La Hormiga (valle del Guamuez en el departamento de Putumayo, en Colombia), en donde nació y vive su familia y amigos. Salió de allí con una pequeña mochila y acompañada con su esposa y sus dos hijos. "Algunas personas de la guerrilla vieron a mis hijos de 21 años y 18 años y querían llevárselos con ellos, como padre tuve que protegerlos por eso salí, uno como padre sabe que los hijos son una prioridad y uno tiene que defenderlos", dice.

Para Juan M. la vida en La Hormiga se tornó "pesada (peligrosa), porque hay mucha delincuencia (...) nosotros trabajábamos en una finca donde llega gente  que uno no conoce y le intimidan", relata.

"Uno siendo honrado, honesto con sus cosas sale adelante", manifiesta el hombre de 51 años, quien en Ecuador se dedica a realizar varios oficios (carpintería, plomería, guardia, etc). Su esposa tiene cálculos en el riñón y viajaron esta semana a Quito, con la esperanza de que pueda ser operada en un hospital público ecuatoriano.  Ahora tienen un carné de refugiado, "que para nosotros es protección, cuando llegamos a Ecuador nos llevaron a un albergue en donde estuvimos 15 días, desde allí trabajo".

Confiesa que su calidad de refugiado no le permite conseguir un trabajo, "hasta que nos conoces y se dan cuenta que somos personas honestas (...) al ser refugiado se complica conseguir un trabajo, porque todas las personas piensan que todos los colombianos somos iguales".

María Landázuri, viceministra de Movilidad Humana, sostiene que en el Ecuador viven 60.500 refugiados, de ellos sostiene que un 98% son de nacionalidad colombiana.

Afirma que el Estado ecuatoriano destina 60 millones de dólares para el trabajo con los ciudadanos refugiados. Detalla que con esa cifra se financia el funcionamiento de la asistencia para refugiados, atención de  salud y educación. Manifiesta que los niños colombianos refugiados ingresan inmediatamente al sistema de educación público desde que llegan. La funcionaria de Estado manifestó que se trabaja con entidades internacionales, entre ellas Acnur, que entregan alimentos y subsidios de vivienda a los refugiados.

La condición de los refugiados se analizó esta mañana en el marco del Encuentro sobre retorno y refugio, en el marco de la movilidad humana Construyendo desde la participación.

Landázuri señala que para otorgar el carné de refugiado, el Ecuador realiza un estudio minucioso que se realiza por seis meses, sin embargo enfatizó que el gobierno trabaja bajo el principio de "buena fe y sus declaraciones de necesidad de protección internacional".

Afirma que hay personas que mal usan el beneficio que otorga el Ecuador, "nosotros condenamos esas prácticas y que se mal utilice un instrumento que salva la vida de mujeres, niños, padres y madres", se refiere al caso concreto del exjefe financiero de la FARC, quien fue detenido en el Ecuador, con un carné de refugiado. "Reprochamos estas actuaciones", dijo y manifestó que el gobierno revoca la condición de refugiado de quienes traicionan la confianza del Ecuador. "De 60.500 casos, uno que se presentó este año es aislado, pero por este caso, las personas que verdaderamente necesitan ponen en riesgo su vida y es algo que no podemos aceptar", dijo.

Actualmente, la Asamblea Nacional trabaja en la construcción de la Ley de Movilidad Humana. La asambleísta Dora Aguirre señaló que esperan hasta fines de este mes contar con un primer informe sobre la normativa que beneficiará tanto a ciudadanos refugiados como migrantes. Indicó que en los últimos cinco años han retornado al país alrededor de 75.000 ecuatorianos. Detalló que fuera del suelo ecuatoriano viven más de 3 500.000 ecuatorianos.

La legisladora por los migrantes Linda Machuca señaló que el proceso de elaboración de la normativa está en manos de la Asamblea. Manifestó que la ley plantea solución para los problemas de emigración, migración, refugio, trata y tráfico de personas, la situación de los retornados y las instituciones que tienen competencia con las personas en situación de movilidad.

Wladimir Paspuel, representante de la Asociación Rumiñahui, manifestó que esperan un mayor presupuesto para el tratamiento de las personas migrantes. Por ello, estiman que el presupuesto general del Estado debería destinar un 10% para los migrantes. "Esperamos que salga una ley más humana", dijo.