La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), a través de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, multó a  los 6 exadministradoresde Unión Constructora -en proceso de liquidación- con 25 salarios básicos ($ 8.500) por engañar a la ciudadanía.

La resolución administrativa se basó en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que sanciona la “difusión de publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no son veraces y exactos”, por lo que Javier Pachacama Pérez, Yadyra Torres Carvajal (propietarios), Margarita Pérez Ayala, Paola Pachacama Pérez, Janeth Buenaño Salguero y Francisco Velasco Ávila deberán pagar, individualmente, el valor que determinó el ente regulador.

El presidente de la Comisión de Resolución en Primera Instancia, Agapito Valdez (foto), informó que la entidad notificó a la Superintendencia de Compañías, que está a cargo del proceso de liquidación, el 13 de enero pasado y una vez que conozcan la causa tendrán un plazo de 5 días para cumplir con la multa. Esta es la primera sanción pecuniaria en contra de una empresa acusada de estafa, por lo que la SCPM busca sentar un precedente que garantice una atención eficaz a los clientes de proyectos inmobiliarios.

El caso se conoció en enero de 2013 y después de 8 meses la justicia declaró culpables de estafa a los esposos Pachacama y Torres como propietarios de la empresa. Hasta el momento se calcula que aproximadamente 1.700 perjudicados aún no recuperan su inversión.

Al respecto, el abogado de la familia Pachacama, Edwin Campaña, indicó que pedirá información respecto a la decisión adoptada por el órgano regulador, pues considera que se habría violentado el derecho a la defensa de sus clientes.

Mientras tanto, para los perjudicados la noticia no es del todo satisfactoria. Rocío Portero expresó su respaldo a la decisión adoptada por el organismo de control, pues considera que esas prácticas deben sancionarse de manera drástica para evitar nuevos perjuicios. Le preocupa cómo se ejecutará el cobro de la multa.

“Llevamos más de 2 años intentando recuperar nuestro dinero. Somos alrededor de 1.700 perjudicados y la familia Pachacama se comprometió a entregarnos sus bienes para cubrir la deuda. Esperamos que la multa no merme ese patrimonio y nos impida recuperar el dinero de los perjudicados”, sostuvo.

Con el sueño de tener vivienda propia, la mujer aportó durante 2 años un total de $12.500 a Unión Constructora, que se comprometió a entregarle una casa completamente terminada en el barrio Santa Mónica, en el Valle de los Chillos, lo que jamás ocurrió.  

Hasta el momento, la venta de algunos bienes de lacompañía permitió cubrir las responsabilidades patronales, pero sigue pendiente el pago a los perjudicados.