El próximo miércoles 13 de noviembre, a las 14:30, se retomará la audiencia de juzgamiento contra el policía Jofre David L., acusado por el presunto delito de rebelión y atentado contra funcionarios públicos, durante los disturbios del 30 de septiembre del 2010.

El Tribunal postergó la diligencia para esta fecha, puesto que hay otros casos pendientes.

La diligencia  está a cargo de Elizabeth Martínez, presidenta del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha. Fue parte del sistema de Recompensas que implementó esa Cartera de Estado para capturar a los uniformados que participaron en los hechos del 30-S. Por su captura, pedían 50.000 dólares.

El abogado del policía llamó a 20 testigos para declarar a favor del uniformado. No obstante, se conoció que en la diligencia sólo estuvieron presentes nueve.

Entre las versiones que se presentaron hasta el momento fue la declaración escrita del presidente Rafael Correa, la cual fue leída por parte de la secretaria del Tribunal.

La versión del Primer Mandatario recordó que un grupo de gendarmes los atacó sin tomar en cuenta que en ese entonces se encontraba delicado de su rodilla. "La maldad llegó a tal punto que quisieron golpearme la rodilla", dijo a través del escrito.

Correa también señaló que algunos de sus acompañantes,  que estuvieron a su lado cuando arribó al Regimiento Quito (RQ-1), le advirtieron que a través de las radio-patrullas los gendarmes dieron la orden de matar al Presidente.

Patricio Armijos, abogado del policía señaló que hasta el momento no se ha determinado que el agente formó parte de los incidentes del 30-S. Aseguró que a lo largo de la carrera, el gendarme ha demostrado una conducta intachable y no descaró iniciar demandas contra el Estado de comprobarse la inocencia.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Susana Rodríguez. De entre las evidencias que han presentado consta la versión del fotógrafo Miguel Ángel Romero García, quien fue atacado por un grupo de siete policías cuando él realizaba tomas de la revuelta policial en el RQ-1, por disposición de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Según las versiones recopiladas hasta el momento Jofre L. habría sido quien arranchó y quemó la cámara del fotógrafo.

De ser encontrado culpable, Jofre L. sería condenado a una pena de entre tres y seis años de prisión, según el artículo 218 de Código Penal.