Dos sellos  fueron colocados en la puerta del área administrativa y en la entrada del colegio Pert y del instituto ESCA para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ejecute el embargo del  edificio, en  donde funcionan ambos establecimientos.

El operativo de embargo fue contra la compañía Dulcemar, vinculada a su vez con Supercorporation, que adeuda al Seguro Social 105.000 dólares por concepto de una mora patronal (incluye el capital y los intereses) y cuyo representante legal también figura como propietario del inmueble donde funcionan ambos planteles, ubicado en Tulcán y Quisquís.

El director provincial del IESS, Iván Espinel, lideró la acción, acompañado por depositarios judiciales y efectivos de la Policía Nacional. Previamente a ello dialogó con las autoridades del plantel Pert, para garantizar la continuidad de las actividades educativas.

Espinel declaró que antes de esta acción coactiva, los directivos de la empresa ya habían sido notificados para que cancelaran la deuda que arrastran desde hace algunos años, pero pese a los convenios no cumplieron con la obligación patronal.

“Contra ese injustificado atraso en los pagos y a pesar de los mecanismos para suscribir convenios de pago, no vamos a ser permisivos con esta situación”, manifestó Espinel, quien anticipó que lo único que se hace es cumplir con la ley.

Agregó que el inmueble entrará luego a un proceso de remate que se cumplirá dentro de noventa días, pero dentro de ese tiempo, el propietario puede honrar la deuda para que el bien sea devuelto y la acción coactiva quede archivada.

Funcionarios jurídicos del IESS aclararon que esta situación no afecta a los establecimientos educativos, pero que sus directivos deberán pagar el arriendo del inmueble al Seguro Social y ya no a quien fue su propietario.

Luego de este operativo, los funcionarios del IESS se trasladaron hasta la cooperativa Américo Vespucio, ubicada en la isla Trinitaria. En el lugar, en cambio, se ejecutó una acción de secuestro de bienes muebles contra la compañía Servicios Agrícolas Sociedad Anónima Comercial, que funciona en las instalaciones de Trinipuerto, por una deuda con el IESS que asciende a más de 547 mil dólares.

La llegada de la comitiva, acompañada por patrulleros de la Policía, llamó la atención de los trabajadores del puerto privado, así como del personal de seguridad y directivos de la empresa. “Estamos sorprendidos. Sabemos que en estos dos últimos meses se han presentado problemas, pero nos dijeron que iban a cancelar los dos meses que adeuda la empresa”, manifestó Néstor Mendoza, uno de los trabajadores.

Luego de un diálogo entre ambas partes, finalmente se llegó a un acuerdo. “El señor (Werner) Pellehn (representante legal de Trinipuerto y de Servicios Agrícolas S.A.) se compromete en un lapso de 72 horas a cancelar el 40% de la deuda”, manifestó Roberto Serrano, gerente administrativo de Trinipuerto.

Señaló que el secuestro de bienes es una acción de coactiva que realizó el IESS por la deuda de la compañía, que no tiene nada que ver con Trinipuerto. “Lo que pasa es que Werner Pellehn es representante legal y propietario de Trinipuerto y de Servicios Agrícolas”.

Por su parte, Espinel manifestó que esta acción es la última prórroga, aunque indicó que “no tiene que ser necesario llegar a estas últimas instancias para que el patrono tenga que cancelar”.

Explicó que el secuestro de bienes es una figura que permite al IESS precautelar y evitar el ocultamiento de los bienes muebles de la empresa, mientras se cumplen los plazos para el pago, pero que en el embargo, el IESS se apropia de bienes muebles e inmuebles para su remate.

Ultimátum a Barcelona

También se refirió al eventual embargo de la cancha de Barcelona si no cubre la mora patronal que asciende a casi 700 mil dólares. “Citamos directamente al representante legal y tiene 72 horas para pagar con cheque certificado a la institución, de otra manera, procederemos al embargo”.

De tal forma, añadió, hasta este viernes debe cancelar el club al Seguro Social para evitar la ejecución de la coactiva. “No queremos que se vea al IESS como un ente cobrador, sino que precautela los intereses de sus afiliados”, aclaró Espinel.