Los medios privados del Ecuador, con la ayuda de ONG, empresarios y asociaciones de medios privados de varios países, acentúan su oposición en contra de varios aspectos de la Ley de Comunicación: la incorporación del linchamiento mediático y la creación de la  Superintendencia y del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.      

Pese a ello, el presidente Rafael Correa, durante la grabación del Enlace Ciudadano, firmó ayer el Decreto Ejecutivo sancionando la ley, la cual entrará a regir una vez que sea publicada en el Registro Oficial.       

Desde el 14 de junio, cuando la Asamblea aprobó la Ley, la prensa privada dedicó amplios espacios para decir, por ejemplo, que las asociaciones de medios de comunicación también privados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú advertían “serias” repercusiones para la vigencia de las libertades de expresión, opinión y prensa en Ecuador. Alertaron que “al establecer controles gubernamentales a través de la Superintendencia y el Consejo de Comunicación, el poder político instala un marco jurídico propicio para la censura previa”.

Incluso, el Comité Empresarial Ecuatoriano, el jueves pasado, manifestó su oposición a la Ley. Entre sus argumentos consta la “amplia gama de potestades discrecionales que se confiere a instituciones como el Consejo de Regulación y la Superintendencia, para autorizar, observar y sancionar a los  medios”.

Correa y asambleístas como Mauro Andino (ponente del proyecto), Paola Pabón, Ángel Vilema y otros, han salido al paso para exigir a los medios y ONG extranjeras que respeten  la soberanía ecuatoriana. A su vez, invitaron a los representantes de los organismos que apoyan a la prensa privada, a efectuar una lectura profunda y técnica de la normativa aprobada, para que constaten que sí se ajusta a la Constitución que antes criticaban y a los tratados internacionales.

El artículo 48 de la Ley, en lo referente a la Integración del Consejo de Regulación, señala cómo estará integrado (ver gráfico). Sin embargo, la ONG local Fundamedios, que recibe fondos estadounidenses a través de la Usaid, señaló que la conformación de este organismo tendrá representación exclusiva de los poderes públicos.

Legisladores y autoridades piden respetar la soberanía  del pueblo ecuatorianoFundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Human Rights Watch (HRW) han unido sus discursos para reprochar “la facultad del Consejo de Regulación para expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Fernando Cedeño, la Ley aprobada está amparada en los Principios de Participación, Transparencia y Democratización, “lo que permitirá desarrollar una comunicación más democrática, por lo tanto más plural y más ciudadana”. Informó que en este momento el CPCCS estudia la Ley, a la espera de su publicación en el Registro Oficial, a fin de dar cumplimiento a estas disposiciones en el plazo establecido. Ese es el caso de la delegación de un representante del CPCCS para el Consejo de Regulación, para lo cual la Ley otorga un plazo de 30 días.

Según Cedeño, antes los organismos de control estaban compuestos por representantes de instituciones reguladas, lo que generaba conflicto de intereses. Hoy se busca que la persona elegida para cumplir el papel regulador no tenga vínculos con los entes que regulará, acorde con lo  que establece la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana.

CORREA Y ONU REACCIONAN ANTE LO DICHO POR RELATOR

El presidente Rafael Correa afirmó que quizás el relator especial de la ONU, Frank La Rue, no está informado de que la Ley de Comunicación, aprobada el 14 de junio por la Asamblea, fue debatida durante 4 años en el Ecuador.

Ante las críticas que hizo el Gobierno de Estados Unidos a la Ley, Correa expresó que esa nación debe primero ratificar el Pacto de San José (convenio internacional que avala el respeto de los Derechos Humanos en América), antes de referirse a la normativa. “Primero que dejen de espiar las comunicaciones del planeta entero antes de referirse al Ecuador. No somos colonia de nadie y no permitiremos ínfulas de emperadores en nuestro país”, dijo el presidente en un conversatorio con la prensa de Galápagos.

Correa contestó a de La Rue porque éste se dijo “preocupado” porque la Ley no fue sometida a una amplia consulta con los diferentes actores sociales, por lo que le pidió no sancionarla sino que se  la envíe de regreso a la Asamblea para ser “más ampliamente discutida”. Este  pedido -desde el punto de vista de Correa- resulta “absurdo”.

El jueves pasado, la “preocupación” de La Rue mereció grandes titulares en la prensa privada: “ONU pide que Ley de Medios vuelva al pleno”, destacó El Comercio; “En ONU ven daños a libertad de prensa en Ley de Comunicación”, dijo El Universo; y “ONU, EE.UU. y gremios de seis países critican Ley contra la prensa”, tituló diario Hoy.    

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la ONU destacó que “los relatores especiales son un importante mecanismo de asesoría al Consejo de Derechos Humanos y sus pronunciamientos merecen la debida atención”. No obstante, aclaró que “es importante resaltar que estos pronunciamientos son juicios y opiniones expertas que el relator emite de manera independiente en el ejercicio individual de su mandato. Por tanto, no corresponde atribuir a la ONU como organización dichos pronunciamientos”.