Entre el 30 de septiembre de 2010 y el 7 de mayo de 2011 mediaron apenas  201 días. Y en ese corto lapso se intensificaron todas las posturas y, sobre todo, se activaron todas las baterías de la derecha del Ecuador, en todas sus expresiones, pero también se revelaron las posturas de quienes se asumen de izquierda y defienden un modelo de democracia formal, a pesar de autocalificarse como revolucionarios.

La derecha no solo está en los partidos que así se autocalifican: también está incrustada en algunos policías y militares, intelectuales y juristas, que diciéndose apolíticos fueron parte de la sublevación del llamado 30-S y de la agresiva campaña en contra de la consulta popular.

Esos policías que tuvieron la osadía de atentar contra la vida del presidente Rafael Correa y pudieron ocasionar un magnicidio fueron formados bajo una estructura ideológica sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional, donde se mira como “enemigos internos de la nación” a quienes luchan por un cambio profundo del país.

El 30-S quedará marcado como un momento crítico, pero a la vez simbólico de lo que implica poner en orden una nación, donde los privilegios corporativos eran la marca de la democracia, a costa de los más pobres y de las responsabilidades públicas.

De igual modo, la consulta popular decantó a todos los actores políticos del Ecuador, pues democráticamente se propuso cambiar la justicia, y la respuesta de algunos fue que la misma era intocable, debía sostenerse bajo los mismos pilares que la hacen ineficiente y corrupta.

Quizá entre los dos hechos hay una constante: nos devolvió a la identidad de un país donde hay actores que sostienen el sistema bajo tibios anhelos de cambio, con supuestos arrebatos de ruptura, desde la penosa condición de personalizar la lucha política, pensando que, eliminado el factor de “perturbación”, la realidad será otra y mucho mejor que el pasado inmediato.

Es cierto que esos dos hechos políticos prueban hasta dónde la lógica del mercado y la confabulación se mezclan fácilmente con discursivos lugares comunes, como la “independencia de los poderes”, “el respeto por la justicia”, etc.

Quizá no estemos preparados aún para reflexionar con mayor objetividad y en perspectiva histórica sobre los dos hechos, pero sí podríamos advertir una tesis: después de ellos, el Ecuador ya no fue ni será el mismo. Por, entre otras razones, la calidad y el nivel donde se colocó el conflicto democrático, necesario y legítimo, pero inaceptable si se ubica para destrozar el acumulado histórico de un pueblo que ha luchado para cambiar las estructuras y no solo a un gobernante o a un partido político.

Entonces, el trágico 30-S y la potente consulta popular serán una marca de dos caras: quienes afirman la democracia como el espacio pacífico para la revolución y quienes creen que con ella pueden perdurar procesos liberales clásicos para que nada cambie y se sostenga la inequidad, la injusticia y la corrupción. (OP)