El ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el creciente tráfico de drogas a nivel mundial y las cuantiosas pérdidas que deja la evasión tributaria por mercancías no declaradas  generaron cambios en las políticas de control y de seguridad de los países de la región.

Las normas del comercio exterior variaron drásticamente para vigilar toda la logística de la carga que entra y la que sale desde los puertos.

En el proceso están inmersos importadores, exportadores, navieras, agentes afianzados, puertos y otros. Bajo esos criterios es que nace por iniciativa de la fabricante de juguetes Mattel, la organización BASC (traducido al español Coalición Empresarial para el Comercio Seguro).

Su objetivo es evitar que se cometan acciones ilícitas mientras se movilizan mercaderías en contenedores, ya sea por mar o por tierra. La contaminación de carga con drogas, con explosivos o químicos peligrosos son solo algunos de los delitos que se pueden dar. 

En Guayaquil desde hace casi 5 años los operadores del comercio internacional también toman  medidas para que sus perfiles de riesgo sean bajos. Las acciones son técnicas, administrativas y en algunos casos hasta se las podría considerar extremas.

Entre las primeras están, por ejemplo, la capacitación del personal, la implementación de tecnología y la instalación de equipos electrónicos para el control.

Pero además hay otras como el realizarle pruebas antidrogas a sus ejecutivos y empleados o inspeccionar cada cierto tiempo sus viviendas para verificar si hay cambios sospechosos en sus estilos de vida.

La Aduana de los Estados Unidos es exigente y estas son solo algunas de sus recomendaciones. Pues a más de ello, dos funcionarios de la sede diplomática de ese país son los responsables de verificar los procesos que aplican  operadores nacionales.

Javier Moreira, director ejecutivo de BASC-Ecuador, explica que la certificación es una especie de etiqueta que fomenta el comercio seguro y baja los perfiles de riesgo de cada actor.

La institución que agrupa a los capítulos de: Pichincha, Umaña (Manta), Azuay y Guayaquil es la encargada de diseñar las disposiciones y normas a cumplir por parte de las compañías que buscan alcanzar la licencia de seguridad.

“El proceso tarda cerca de un año, requiere de  inversiones que pueden ser altas o menores dependiendo del tamaño de la interesada. Al momento hay 178 empresas  en todo el país inmersas en el mismo”, precisó el titular de la organización.

Para el efecto cuentan con 10 auditores -a los que se sumarán 25 más hasta finales de este mes-, que son quienes evalúan el cumplimiento o no de las políticas y estrategias de seguridad. Las inspecciones por cada compañía pueden tardar hasta 12 horas.

Luis Alberto Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del Grupo Papelesa (calificada hace 4 años), afirma que  la importancia de tener  el aval de BASC radica en la transparencia que le ofrecen a sus clientes dentro y fuera del Ecuador.

“Suministramos los cartones para productos de exportación como banano, cacao, camarón y otros. Al estar certificados, las cajas llegan limpias a nuestros consumidores. Tenemos una cartera de 400, de los cuales el 80% mandan sus artículos al exterior”, precisó.

Agregó que a las empresas del grupo no se les hizo complejo obtener la certificación, por cuanto ya tenían la ISO-9000 relacionada con normas de calidad y gestión.

“Tenemos una cultura enfocada a la mejora continua. De mucha disciplina y de personal capacitado. Efectuamos controles a los empleados y una revisión permanente de nuestros sistemas de seguridad”, manifestó.

César Cabezas, gerente general de Portrans (primera compañía de transporte en certificar con BASC), también resalta los beneficios de pertenecer a la Coalición.

En el caso de ellos -entre otras medidas- tuvieron que incorporar sistemas de rastreo satelital a una flota de vehículos propia y externa, compuesta por casi 300 carros.

El objetivo es conocer la ubicación exacta de cada automotor y su rumbo. “Esta es la mejor manera de controlar y evitar que se contaminen (poner drogas, armas y otros) las mercancías que trasladamos”, sostiene. Jaramillo y Cabezas coinciden en que al ofrecer seguridad y tenerla también los operadores con quienes trabajan, se abren más rápido las puertas para la carga ecuatoriana.

La Aduana local debe involucrarse más en estas iniciativas

El director ejecutivo de BASC-Ecuador, Javier Moreira, considera que el Servicio Nacional de Aduanas debe tener una mayor participación dentro de la coalición empresarial que busca un comercio más seguro. Afirmó que la entidad al momento solo está más pendiente de los procesos de importación, pero cree que a los de exportación también hay que prestarles atención.

“Se trata de la carga que sale y que se expone a los mayores riesgos. Nosotros esperamos tener un acercamiento con la entidad para trabajar juntos”, sostuvo. La organización y su certificación tienen 12 años en el país, pero es en los últimos cinco en que las empresas privadas se apresuran por conseguirla.

El costo de acceder a la misma y de estar dentro de la coalición es de $ 2.100. Los asociados pagan una cuota mensual fija con la que se cubren los costos de las auditorías y de las capacitaciones. Las inversiones en equipos de seguridad (circuitos cerrados, cercos eléctricos, dispositivos para vehículos, cámaras y otros), aumento de guardias privados, educación del personal, exámenes antidrogas y demás documentos corren por cuenta de cada compañía y dependerán del tamaño de las mismas. BASC está en 11 países de la región. Colombia, Perú y Ecuador son los que tienen al mayor número de compañías privadas asociadas.