Operativos contra mafias de tramitadores dejan 13 detenidos y locales clausurados en Ecuador

Entre enero y marzo de 2025, el Registro Civil del Ecuador, en coordinación con las fuerzas del orden, ejecutó 61 operativos de control a nivel nacional para combatir mafias de tramitadores y cobros indebidos en la gestión de documentos oficiales. Las intervenciones se llevaron a cabo en 22 ciudades, incluyendo Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Esmeraldas, Ambato y Machala.

Como resultado, 13 personas fueron aprehendidas por presuntos actos ilícitos, y cuatro locales clausurados por operar sin permisos y cobrar de manera indebida por turnos de cédulas y pasaportes. Estos operativos superan en número a los del año pasado, cuando se ejecutaron 34 intervenciones y se detuvo a 18 personas.

Mayor control para evitar estafas

El director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, destacó que estas acciones buscan garantizar un servicio transparente y seguro. “Seguiremos fortaleciendo controles y trabajando con la fuerza pública para erradicar cualquier acto de corrupción dentro y fuera de nuestras agencias”, aseguró.

Desde la ciudadanía, usuarios valoraron los operativos. “Es una buena iniciativa. Hay personas que cobran por turnos gratuitos, y eso debe terminar”, comentó Marilú Siguenza, usuaria de la Agencia Cuenca.

Por su parte, el teniente Fernando Ochoa, a cargo de uno de los operativos en Cuenca, explicó que el objetivo es evitar que los ciudadanos sean estafados con documentos falsos o cobros irregulares. “Estamos verificando locales que cerraron al momento del operativo. Si encontramos irregularidades, procederemos a su clausura junto con Intendencia y el SRI”, señaló.

Un llamado a la denuncia ciudadana

El Registro Civil anunció que seguirá con los operativos de manera periódica y exhortó a la ciudadanía a utilizar únicamente los canales oficiales para realizar sus trámites. Además, puso a disposición el correo [email protected] para reportar posibles actos de corrupción.

Con estos controles, las autoridades buscan erradicar las redes de tramitadores que afectan el acceso a los servicios públicos y garantizar que los ciudadanos realicen sus gestiones sin intermediarios ni cobros indebidos.