Victoria Iglesias, de 85 años de edad, podrá disfrutar por dos años más de su pasatiempo favorito: asomarse al balcón de las casas colectivas del centro de Guayaquil.

La mujer de la tercera edad, que lleva 40 años residiendo en el lugar, pertenece a una de las 16 familias notificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que desaloje el lugar.    

El viernes 6 de marzo -cuenta José Dávila-, otro de los vecinos, una comisión del IESS se acercó a los bloques (de las calles Padre Solado, Riobamba, Alejo Lascano y Ximena) para informarles que tenían 10 días para desocupar la propiedad. “Ayer se cumplió el tercer día. Solo nos quedaba una semana”, precisa Dávila.   
Tras una reunión entre los moradores del sector y Víctor Hugo Villacrés, presidente del Directorio del IESS, se determinó que no se ejecutará el retiro de esos habitantes por al menos 2 años.

En la reunión, promovida por Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, se acordó la suscripción de un contrato para prolongar la permanencia de alrededor de 80 personas.

Ángela Yagual, hija de Victoria Iglesias, se siente aliviada por la solución. Aunque el anhelo de las personas que aún no son dueñas de los inmuebles es poder adquirirlos.

Dávila cuestiona que muchos de los departamentos (el 80%) fueron adquiridos antes de este gobierno, a precios módicos. “Pero a nosotros nos han dicho que para comprarlos debemos participar en una subasta pública. Sin embargo, con ese sistema, a pesar de llevar más de 30 años viviendo aquí, tenemos las de perder, porque alguien con más dinero se puede quedar con el inmueble”.   

La casa colectiva del centro fue construida en 1962 y consta de 150 departamentos. Los residentes que alquilan cancelan mensualmente $180 y una alícuota de $20.   

El lugar, desde 2012, forma parte de la lista de bienes emblemáticos considerados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).