Sobre un tacho de basura    se encontraba la acción de protección  que, en menos de 20 minutos, Juan Ávila, que se define como militante del grupo Diabluma Guayaquil;  y Juan José Guamán, coordinador de la Juventud Revolucionaria Alianza PAIS  (JRAP), presentaron ante la Sala de sorteos de la Corte de Justicia de Guayaquil.

Bajo el portal de la Casa de la Cultura del Guayas, aledaña a ese edificio, esperaban conversando estudiantes con birretes a punto de graduarse, abogados, transeúntes y tres jóvenes, quienes llevaban  en la espalda los rostros de Eloy Alfaro y Rafael Correa impresos sobre el mensaje: “La juventud junto a Correa continúa la revolución”.

Primero estaban dos medios de comunicación, en cinco minutos eran  siete;  todos se enteraron  por un boletín electrónico enviado por Ávila, en el que se anunciaba “La organización Diabluma interpondrá una acción de protección para el barrio Las Peñas”.

En el documento, firmado por Ávila y Guamán, consta la demanda al Concejo Cantonal.
Los colectivos sociales piden que se  ordene la suspensión de los trabajos realizados en el sector del Fortín  y la prohibición de ingreso al país del monumento de la imagen de León Febres-Cordero, un busto propuesto por la  Alcaldía y una fundación con el nombre del citado personaje.

Mientras Ávila da entrevistas a los medios de comunicación, Enrique Vázquez, miembro de la JRAP;  Gabriela Carranza y tres personas más conversan.

¿Qué les motiva a apoyar esta acción legal? Se miran entre ellos y Enrique,   con acento cubano, responde:  “Solo venimos a hacer acto de presencia por la invitación, no sabemos muy bien; ahora estamos enterándonos bien de cómo van las cosas. Somos la Juventud Revolucionaria de Alianza PAIS  y venimos a respaldar las acciones de Diabluma”, expresa.

En diez minutos serán las 10:30, Enrique, Gabriela y los demás empiezan a mostrar  carteles: en uno aparece Febres-Cordero con su pistola Colt 45; en otro, los rostros de los dos hermanos Restrepo; más allá muestran a un hombre golpeado por los policías metropolitanos; y en el último, un montaje con el busto pegado sobre Las Peñas.
Guamán y Ávila cruzan la calle, primero van solos, pero pocos minutos después les sigue la comitiva de JRAP con los carteles.

Cuando llegan a la Corte, las opiniones de los abogados que por allí transitan  llueven: “Vean lo que pueden hacer de ahora en adelante, no saquen a los muertos”, les grita uno. “Si no mataban a esa escoria guerrillera estaríamos peor”, comenta otro en voz baja.

También aparece el artista guayaquileño Jorge Jaén, autor del reprimido proyecto “Burros de colores”, quien respaldó la medida.

Los representantes de Diabluma y JRAP se colocaron en la fila de la ventanilla, junto a las letras doradas  “Sala de Sorteos”.

Cayeron los flashes, las cámaras hicieron balance de blancos y  más de 15 periodistas los rodean.
Ávila, en otra entrevista,  manifestó que en el gobierno de Febres-Cordero se cometió un crimen de Estado reconocido: el de los hermanos Restrepo. El manifestante, que rechaza la estatua, explica que no se siente representado por León. 

“Estamos en  desacuerdo con que se imponga de manera fascista el monumento; no compartimos que se lo levante, el Partido Social Cristiano  trata de  revivir un personaje utilizando a los guayaquileños”, dice. 

Mientras los firmantes del documento de rechazo esperaban,  los jóvenes de JRAP  se  colocaron detrás de la fila, exhibiendo  carteles mostrando las anteriores imágenes. “Los jóvenes luchadores estamos hoy aquí”, destacó Guamán.

Algunos ciudadanos,  que por curiosidad   ingresaron a la sala, dan a conocer lo que opinan, como Antonio Gómez, quien se define como filósofo y  metafísico:  “Si al monumento lo meten a ese hueco lo van a orinar, le van a hacer daño. Toda persona que ha hecho sacrificios  merece ser respetada. Lo deberían poner con luces viendo su ciudad en el islote”.

“Todo está prostituido en este país, estos jóvenes  son mandados, no saben lo que Guayaquil vivió hace 25 años; Febres-Cordero representó el cambio, hizo que nosotros tengamos la autoestima de vivir en esta ciudad, él hizo obras”, dice Raúl García.

En cambio, en el mismo lugar,  Rubén Molina, refuta  que no debe ponerse el monumento, porque no se lo merece: “El ingeniero tiene dos delitos de Estado  en su gobierno y creó el servicio de tortura SIC; que haya sido presidente no significa que deba tener una estatua”.

El debate se apagó como el botón de encendido de las cámaras. Al salir el grupo de jóvenes, Ávila informa que el próximo jueves se sabrá a cuál  juez le será asignada la causa. Una vez comunicado  el mensaje, se enrollaron los carteles, las siete personas que visten camisetas de la JRAP cruzaron la calle en una fila y la presentación legal terminó.

Afuera del edificio solo quedaron los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, que en sus carteles y consignas piden justicia.