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Servidor estatal y opositores a efigie de LFC casi son linchados

Servidor estatal y opositores a efigie de LFC casi son linchados
16 de febrero de 2012 - 00:00

Los primeros indicios de lo que sería una batalla campal al interior de la Corte Superior de Guayaquil,  donde se realizaría la audiencia por el amparo de protección para evitar que se instale el monumento de León Febres Cordero, ex presidente de la República, en el barrio Las Peñas, interpuesta por las organizaciones Diabluma y Juventud Revolucionaria Alianza PAIS,  se dieron  a partir de las  08:40 de ayer.

A esa hora, los  miembros de la Policía trataron de impedir el ingreso violento de un grupo de simpatizantes del Municipio de Guayaquil  a la sala del Juzgado 8º de Garantías Penales. No obstante, lograron entrar luego de que   José Batista, ex colaborador de LFC, convenció a  los gendarmes para que los dejaran pasar.

“La Policía está con el pueblo guayaquileño”, gritó Batista. La frase fue repetida entre risas por la asambleísta de Madera de Guerrero, Cynthia  Viteri.

Batista fue una de las personas que empezó a vociferar consignas en favor de la colocación del monumento. “Guayaquil no se ahueva”, dijo dirigiéndose a Roche y al procurador síndico municipal, Miguel Hernández. “Nadie se va a ahuevar y menos el doctor (Miguel) Hernández”, respondió sonriente Roche.

A estos últimos se sumaron miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (FEUE) de Guayas, que se hicieron presentes con pancartas.

Recién   a las 09:00, previo al inicio de la audiencia, un reducido grupo identificado como Diabluma  logró ingresar, pero fue desalojado tras  responder a agresiones de  las agrupaciones antes citadas. A su salida, sus miembros fueron  maltratado  con patadas y puñetes.

Colaboradores y trabajadores del Cabildo, asambleístas de Madera de Guerrero, y dirigentes de barrios y mercados municipales, algunos con credenciales que los identificaban como miembros del Comité de Defensa de la obra del alcalde Jaime  Nebot, coparon la sala, con capacidad para 300 personas aproximadamente, en la que se desarrolló la audiencia.

Desde antes de las 08:00, los grupos se ubicaron en los alrededores de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil y comenzaron a ingresar a la entidad liderados por el asambleísta  Andrés Roche, de Madera de Guerrero.

Diez minutos después, a la sala ubicada en el segundo piso,    llegaron la  asambleísta  Viteri  y el director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales de la Municipalidad, Gustavo Zúñiga, quienes se  sentaron  en primera fila. También estuvo el ex diputado Alfonso Harb, del PSC.  

Ya en la sesión intervinieron, por la causa de Diabluma, el abogado Armando Bedrán y el subsecretario de Patrimonio Cultural, Esteban Delgado, quienes sostuvieron que el monumento afecta la condición patrimonial del barrio Las Peñas. “Queremos dejar claro que no nos oponemos a la colocación del monumento, pero esto no puede darse en Las Peñas”, insistió Delgado.

Pero  en sus intervenciones, los grupos  interrumpían con las frases:  “vendidos”, “lee la Constitución”, “habla, Cantinflas y Judas”. Con ellos estaban  Hernández y Roche,  quienes se identificaron como defensores de la autonomía municipal.

La tónica agresiva aumentó después. Al retomar la palabra Roche, varios asistentes ubicados en las primeras filas   lanzaron monedas e insultaron a Delgado con frases  como “vendido” -anteriormente colaboró en el Cabildo porteño-. Como producto del golpe, la frente del funcionario empezó a sangrar  por una cortada. 

Por la última  acción violenta, el juez (e) del Juzgado Octavo de Garantías Penales, Manuel Prieto,   suspendió la audiencia.

Pese a ello,  decenas de simpatizantes del Cabildo persiguieron a los representantes de Diabluma y de Patrimonio Cultural, les arrancaron los cabellos y los   patearon,  por lo que  fueron resguardados por la Policía.

Delgado, con   voz entrecortada y temor a ser asesinado, acusó directamente a Nebot de ser “el autor intelectual” de los disturbios registrados y en los que hasta una mesa fue destruida. Por su parte,  el juez Prieto informó que una nueva audiencia será convocada entre 8 ó 10 días, y solicitó más apoyo policial.

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