El sitio es ideal para la práctica deportiva, pues en su interior alberga 57 canchas, la mayoría de césped sintético. Además tiene el estadio Cristian Benítez.

Sin embargo, el verde natural de su arborización quedó como materia pendiente.

El área fue construida sobre terrenos que eran propiedad del Issfaa, de un total de 851 hectáreas, lo que lo convertiría en uno de los más grandes de Sudamérica. La primera fase fue entregada en 2010 y desde entonces se habilitaron espacios de recreación.

Pero el concepto natural ha perdido terreno en el trayecto. Si bien sus áreas son utilizadas para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, aún no cuenta con sitios arborizados o un jardín que refleje el concepto de un parque natural.

Ese es el criterio de arquitectos y urbanistas que, no obstante, advierten que todavía tiene espacios no utilizados y que bien pueden cumplir con este propósito.

Lourdes Aburto,  arquitecta, paisajista y urbanista, quien hizo el concepto del Área Nacional de Recreación Samanes en 2010, asegura que durante el gobierno anterior se hizo el planteamiento de este megaproyecto, que se asimile a otros como Chapultepec (México) o Central Park (Estados Unidos).   

“La idea en origen era crear un parque más intimista y paisajístico, con suficiente arborización; luego la Empresa de Parques, en 2010, incluyó otros diseños con fines deportivos y de recreación”, recuerda.

Ella no cuestiona esos detalles, pero sí que se haya privilegiado este aspecto y se haya dejado de lado la idea original. Más aún cuando en 2012 dio un giro más urbano, que es lo que predomina hasta la actualidad. Similar opinión tiene el ingeniero José Pileggi.

“No es que eso esté mal en sí, pero le quitaron ese concepto ambientalista y sustentable que tenía el proyecto en principio”.

Recuerda que la idea original fue del arquitecto Ricardo Mórtola, quien concibió la idea de un gran parque para la urbe con suficiente espacio  para la actividad deportiva.

En el camino el macroproyecto sufrió variaciones, sobre todo cuando lo manejó el Ministerio de Ambiente; “por eso Mórtola se alejó del proyecto, porque se le restó mucho el concepto de parque natural”.        

A ello se le añade un edificio de hormigón, una amplia avenida de cemento y la concha acústica, pero en la mayoría de su entorno requiere de arborización, para que le dé ese aspecto de parque natural.

Pileggi incluso considera que la práctica deportiva ni siquiera es para la competencia, solo se quedó en la parte recreativa. “Creo que hay que recontextualizar eso porque existe espacio suficiente para formar deportistas de élite.     

Aburto añade otro problema, que es la falta de una cultura ciudadana de cuidar lo creado, pues en los últimos tiempos, a su criterio, ha visto cómo los usuarios  maltratan las instalaciones y dañan las pocas áreas de jardinería.

El arquitecto paisajista Carlos Castro considera que existen aspectos positivos y negativos. Lo primero es su uso para la práctica de diferentes deportes y la recreación.

“Lo negativo es la lejanía (norte de la ciudad), lo que la distancia mucho del usuario, sumado a que no hay muchos árboles o sitios para cobijarse del sol”.

Añade que la gente esperaba más servicios complementarios y sitios de descanso y confort rodeado de naturaleza, pero tiene muchas canchas, que están bien, pero por su extensión debería incluirse zonas  de descanso.    

El parque abarca áreas que incluso atraviesan las avenidas Francisco de Orellana y Narcisa de Jesús. (I)

Los terrenos de la controversia

La construcción del parque Samanes no estuvo exenta de controversia, puesto que los predios pertenecían  al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), pero mediante una compraventa con el Ministerio de Ambiente, en la administración de Marcela Aguiñaga, en el  2010, se estableció un precio de $ 48 millones  por parte de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros.

No obstante, en 2015 el Municipio de Guayaquil determinó que todos los terrenos estaban avaluados en  $ 7 millones.

El Gobierno anterior entonces anunció que hubo un exceso de pago por $ 41 millones, por lo que dispuso al Ministerio de Finanzas el débito de los $ 41 millones y que los acredite al Ministerio de Ambiente.

Esto provocó la protesta de militares en servicio pasivo en el año 2016, quienes realizaron plantones en los exteriores del Ministerio de Defensa, en contra del Gobierno, a fin de que revea su decisión; esto incluso se extendió a la cúpula militar de aquella época.

Mientras tanto, la Contraloría, a cargo entonces de Carlos Pólit Faggioni, determinó el inicio de exámenes especiales al proceso de compraventa, que concluyeron en coincidir con el criterio del expresidente. (I)