Entre la noche del viernes y mañana de este sábado, ocho personas fueron detenidas por la Policía durante un operativo ejecutado simultáneamente en los cantones Guayaquil (Guayas) y La Libertad (Santa Elena).

Personal de la Fiscalía del Guayas coordinó las acciones que tuvieron por objetivo desmantelar a cuatro supuestos centros educativos que entregaban títulos falsos.

Las investigaciones comenzaron tras denuncias ciudadanas que tuvieron problemas para validar sus títulos al tratar de ingresar a universidades, detalló Neil Dueñas, fiscal encargado de uno de los operativos que se ejecutaron en el centro de Guayaquil.

Uno de los sitios allanado fue un instituto que funciona en los pisos 3 y 7 del edificio Gran Pasaje, ubicado en la intersección de las calles Chile y 9 de Octubre.

En el sitio, miembros de la policía procedieron a forzar una puerta metálica para poder ingresar a las oficinas administrativas del “plantel”. Dos personas, que fungían de director y secretaria, fueron detenidas.

El fiscal Dueñas explicó que, según las investigaciones, los estudiantes tenían que realizar cinco módulos y asistir los días sábado y domingo. Luego de un año, recibían el título de bachiller.

“Se presume que estas instituciones educativas operan al margen de la ley, incumpliendo la normativa del Ministerio de Educación, y emitiendo documentos falsos”, indicó Dueñas.

Durante el allanamiento, se levantaron documentos y decomisaron equipos de computación. Los estudiantes que llegaron ayer al lugar a recibir las clases, a las 08:00, se encontraron con el operativo policial.

Los asistentes, mayores de 18 años, aseguraron que han pagado más de $ 300 para obtener el título y solicitaron información para que se les devuelva el dinero.

Entre los testigos, un padre de familia, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, aseguró que su hijo se graduó hace tres años pero que hasta la fecha no puede validar el título.

Según las indagaciones de la Fiscalía del Guayas, los estudiantes debían pagar en total entre $ 1.200 y $ 1.500 para poder graduarse y obtener el documento respectivo.

Los detenidos, si tienen responsabilidad, serán acusados de falsificación de documentos y podrían enfrentar una pena de reclusión de hasta siete años, según el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. (I)