Las obras de construcción del gasoducto Monteverde-Pascuales que Petroecuador instala en un tramo que cubre desde la vía a la Costa hasta El Chorrillo (noroeste de Guayaquil) no se paralizarán, pese a la oposición de los moradores de urbanizaciones cercanas al proyecto hidrocarburífero.

Las autoridades de la empresa estatal  explicaron que el ducto, que transportará gas licuado de petróleo (GLP), no representa un riesgo mayúsculo (explosiones), que es la principal preocupación ciudadana. Varios moradores de las urbanizaciones se han referido al proyecto como una “bomba de tiempo” alegando antecedentes que datan de 1976 (explosión de la empresa Shell Gas en la ciudadela 9 de Octubre).

Precisamente, para analizar ese tema, el pasado martes, autoridades de Petroecuador intentaron ratificar su postura en una de las urbanizaciones, pero los moradores no quisieron escuchar los argumentos de los funcionarios. Marco Calvopiña, gerente general de Petroecuador, durante un conversatorio con medios desarrollado ayer, detalló que el gasoducto tiene como fin garantizar la distribución permanente del GLP en la zona sur del país. Por ello, precisó que con la estación El Salitral, que será reubicada, se abastece al 60% de la población del país.

La entidad informó que actualmente la empresa utiliza tres busques alijadores (transportadores de combustibles cuya capacidad es de 40 mil toneladas métricas) que parten desde una embarcación en Punta Arenas (provincia de El Oro) para trasladar el GLP hasta la terminal de El Salitral, en la urbe porteña.

Según Calvopiña, el procedimiento requiere 30 horas de viaje que, además de representar mayor impacto ambiental, están sujetos a las condiciones climáticas. “Se depende mucho de los alijadores, si uno de estos se daña inmediatamente corremos el riesgo de una escasez. Con la nueva obra se evita eso”.

Los buques alijadores llegan hasta el puerto de Tres Bocas (suroeste del puerto principal) para desembarcar el GLP que se traslada hasta El Salitral mediante poliductos. En Monteverde (provincia de Santa Elena) se construyen esferas de almacenamiento para 53 mil toneladas métricas de GLP, mientras que las que se construyen en El Chorrillo (Pascuales) tendrán capacidad para 13.500 toneladas métricas. Los actuales buques alijadores, eventualmente, serán reemplazados en mayo de 2013 cuando estas terminales, que se conectarán mediante un gasoducto, inicien sus operaciones.

Legalidad del proyecto

El desarrollo del proyecto, según Petroecuador, fue informado en 2009 y la Federación de Comunas de Santa Elena fue la única agrupación ciudadana que respondió a la convocatoria para la presentación del impacto ambiental de la iniciativa de la empresa estatal.

Para Calvopiña, la construcción del gasoducto cuenta con el permiso del Ministerios del Ambiente y, aclaró, no requiere  autorización  del Municipio de Guayaquil, ya que lo respalda el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, la cual declara de utilidad pública la industria de hidrocarburos “en todas sus fases, esto es, el conjunto de operaciones para su obtención, transformación, transporte y comercialización”.

Además, la empresa estatal se asiste en su “derecho de vía” -vigente desde 1988-, esto es la utilización de franjas de terreno por donde pasan infraestructuras de propiedad del Estado o de compañías concesionarias. Según la compañía, en estos sitios (vía a la Costa) las propiedades privadas colindantes tienen un uso limitado. “Los responsables de construir las actuales urbanizaciones conocían  este hecho particular”.

Agregó que entonces, tanto la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) como la consultora Caminosca, determinaron que la mejor opción para el paso del gasoducto es la que se construye actualmente. “La Espol no ha propuesto  ninguna variante -como se ha publicado en otros medios-, sino que entre el Cabildo y Petroecuador se determinó otra alternativa y se contrató a la Espol para que se hiciera un levantamiento topográfico del sitio”.

Pero esa variante, según Petroecuador, no fue autorizada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) -requisito para obtener el permiso ambiental-, ya que adujo una afectación al trasvase de Santa Elena. En la vía a la Costa, desde hace 30 años -antes de que se construyeran urbanizaciones- ya existen dos poliductos: El Salitral-Tres Bocas y La Libertad-Pascuales.

Protestas y demandas

Galo Lazo, habitante de Torres del Salado, refirió que la comunidad de las urbanizaciones por donde pasará el gasoducto no fue informada del proyecto. “Que quede claro que no nos oponemos al gasoducto, pero sí a por donde piensan construirlo”.

Durante la reunión sostenida la noche del jueves con autoridades de Petroecuador, hubo constantes interrupciones por parte de los habitantes de las urbanizaciones, quienes se oponen a que el ducto esté cerca de sus propiedades. Tras la exposición de Petroecuador, Andrés Darquea, habitante de Puerto Vita, proyectó una presentación en la que sustentó legal y constitucionalmente la postura de las urbanizaciones.

En un intento de debate entre la empresa y los habitantes, Darquea expresó que es una grave preocupación de los residentes que se permita el funcionamiento de canteras en el sector, ya que podría afectar al gasoducto y provocar un incidente. “El 90% de accidentes en sistemas de transporte de combustible ocurren por factores externos”, aseguró sin mencionar antecedentes.

Petroecuador respondió que ya hay poliductos en la zona que funcionan con la presencia de canteras y que la calidad del nuevo gasoducto la supera en resistencia. También se descartó el desalojo de estas empresas por la actual obra.
Por su parte, Camilo Ruiz, director de Ambiente del Municipio, presente en la discusión, añadió que el Alcalde no está de acuerdo con la ruta de Petroecuador.

Sin embargo, no hizo referencia sobre posibles acciones legales, pese a que los asistentes lo solicitaron. Entre los habitantes de las urbanizaciones trascendió que mañana se interpondrá una demanda contra Petroecuador y que el sábado realizarán una nueva protesta en la vía a la Costa.

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