Cuatro huecos profundos han cavado los obreros que construyen las bases que sostendrán a León Febres Cordero en versión de busto, que la fundación que lleva su nombre y el cabildo porteño han decidido colocar en Las Peñas.

Aunque la construcción continuaba realizándose ayer, bajo la mirada atenta de una decena de policías metropolitanos, la Regional 5 del Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) envió el jueves de la semana pasada una notificación al Municipio de Guayaquil, ordenando la inmediata suspensión de los trabajos contiguos a la Aplanchada del Fortín, zona que se encuentra contemplada dentro de la declaratoria patrimonial del barrio como “Área de primer orden de preservación”, desde 1982.

“El Instituto tiene la obligación de preservar el patrimonio, acabamos de declarar a 330 casas como patrimoniales y nos preocupa que quienes están obligados a preservarlo, tomen medidas para alterarlo y destruirlo”, señala Esteban Delgado, director de la regional 5.

Delgado ampara la suspensión en los artículos 27 y 39 de la Ley de Patrimonio Cultural. 

El artículo 27 establece que todo monumento que deba estar situado en “calles, plazas, paseos o parques” debe contar con el permiso del INPC. El 39 da al instituto la facultad de suspender una obra o derrocarla si esta “puede causar daño o afectar a un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área de influencia o a los centros históricos de las ciudades que los posean”.

A las 10:30 de ayer, miembros de la Junta Cívica Popular llegaron hasta la zona de la construcción para manifestarse en contra de la obra.

Miguel Palacios, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, opina que  “Esta cuestión de los permisos es un obstáculo que se quiere poner para evitar que un personaje como Febres Cordero tenga una estatua, no es por el porte o la localización”, dice.

Para él, la convulsión que se produjo tras la muerte del ex presidente, alcalde y legislador, demuestra que las personas se consideraban representadas por el fallecido.

En cambio, para Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, la colocación de la estatua significaría honrar “a personas que envestidos de autoridad hicieron del miedo una forma de gobierno”.

Señala también que esta acción constituye una ofensa a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas desde 1984 hasta 1988, que “contravienen las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de reparación convenida en la Convención Internacional de Derechos Humanos.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, el 55,1% de los casos de abuso y violación a los derechos humanos ocurrieron en el período presidencial de Febres Cordero.

Sin embargo, Delgado asegura que al pedir el cese de los trabajos, no lo hacen para impedir la colocación del mencionado personaje: “Haríamos lo mismo si se construyese una villa de dos pisos frente al fortín, los accesos, la estructura patrimonial y la fachada visual del barrio se verán alterados irremediablemente”.

El funcionario asegura que el cabildo no les ha remitido ninguna respuesta sobre la colocación de este busto de bronce que mide  metros y fue elaborado por Víctor Ochoa.

“El Municipio puede buscar una mejor ubicación, que cumpliendo el requisito de pedir autorización, lo haremos encantados”, dice.

Se muestra optimista y espera que el cabildo acate la disposición legal, apelando -dice- a que vivimos en una democracia donde rigen las leyes. Sobre el uso de la fuerza pública, señala  que si los trabajos persisten, como hasta ayer, entonces debe revisar el camino jurídico para adoptar esta medida contemplada en la ley.

El alcalde Jaime Nebot aseguró la semana pasada que no permitiría que se paralice la colocación de la estatua. Así lo confirmó  un funcionario municipal que acudió a visitar ayer  la obra y dijo que no existe orden alguna para abandonar las bases que sostendrán a León.