Al ver llegar a un grupo de policías y maquinarias, Sevillano Hurtado, oriundo de Esmeraldas, empezó a recoger sus enseres para abandonar la vivienda, en la que por más de un año radicó en La Camila (Monte Sinaí).

La medida la tomó porque la Intendencia de Policía del Guayas comenzó a desalojar en el noroeste a 60 familias, cuyas casas se construyeron en los últimos dos años y que ayer fueron derribadas.   

Hurtado, como varios moradores, prefirió desmantelar su vivienda de caña, aproximadamente, de 8 metros cuadrados, antes que enfrentarse a los miembros policiales. “No sé si hoy tendré que dormir debajo de un puente... tengo dolor de cabeza de tanto pensar”, expresó Hurtado, quien aseguró que compró el terreno a un dirigente barrial por 800 dólares.

El operativo, en el que participaron decenas de policías y en el que hubo  enfrentamientos con los moradores, estuvo encabezado por Julio Quiñónez, secretario técnico del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares.  

El funcionario explicó a las familias del lugar que construyeron tras la vigencia del Decreto 607 -que en 2010 declaró al sector Área Reservada de Seguridad- que recibirán ayuda “siempre y cuando empiecen los trámites para aplicar a los planes de vivienda del Gobierno”.

A inicios de la semana, dirigentes de Monte Sinaí, entre ellos Roxanna Cortez, de Voluntad de Dios, sostuvieron que las casas demolidas se levantaron en terrenos adquiridos en 2008 y que las invasiones no son recientes.

Quiñónez dijo que sus investigaciones determinaron que hay un crecimiento de asentamientos después de 2010. “Tenemos imágenes satelitales que permiten determinar quiénes estuvieron aquí, cuánto tiempo estuvieron y cuáles son las invasiones recientes”.

Las autoridades dijeron que a las familias del lugar se les notificó hace más de un mes para que salieran voluntariamente. Guillermo Baque, quien vive desde hace 7 años en la cooperativa Ebenezer, comentó que la compra de terrenos es un negocio que no solo favoreció a los traficantes de tierras.

Baque ayudó a un primo a desmantelar su vivienda en La Camila, que la  construyó hace dos años. “Existen familias que llegaron a adquirir manzanas enteras para revenderlas a un precio mayor y se sigue dando después de la prohibición del Gobierno”, comentó Baque.

Los operativos de desalojos, informó el ente estatal, continuarán en tres sectores más de Monte Sinaí. Aunque la Intendencia del Guayas no reveló información. Asimismo, trascendió que las acciones afectarán aproximadamente a 500 personas.

Vigilancia por distrito

En la provincia fue presentado el proyecto de distritalización de la Intendencia General de Policía del Guayas. Esta iniciativa piloto consiste en la distribución de funcionarios por áreas, con el fin de atender inmediatamente el tema del control de las invasiones.

Por lo cual, el gobernador (e) provincial, Xavier Burbano, este jueves  presentó   a las nueve autoridades que representarán a la institución en cada distrito urbano del cantón. En el Distrito 8-Nueva Prosperina, una de las zonas más conflictivas, habrá una comisaría  que estará a cargo de Rogniz Tenorio.

Dicho funcionario, según la Intendencia, se ocupará  directamente de ejecutar las clausuras de locales de venta de materiales de construcción (que tienen prohibido operar en Monte Sinaí) y de notificar los desalojos y accionar las demoliciones en ese punto del noroeste.

Asimismo, se anunció el cierre de 50 ferreterías y bloquerías del Distrito Nueva Prosperina, bajo la presunción de que “los bloqueros son inversiones de traficantes de tierras”.

En días pasados, Quiñónez precisó que los operativos, anunciados, estarán centrados en quienes consumen energía eléctrica sin pagar. “Si esa persona ya tiene muchos años viviendo en el lugar tiene que buscar una manera de regularizar la situación”.