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El Telégrafo
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Monte Sinaí está entre dos ofertas distintas para su legalización

Monte Sinaí está entre dos ofertas distintas para su legalización
19 de noviembre de 2013 - 00:00

La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi) aclaró que la legalización del 90% de los terrenos de Monte Sinaí (noroeste) corresponderá al Gobierno Central y el 10% restante deberá  hacerlo el  Municipio de Guayaquil.

La entidad, en julio, anunció que  eran alrededor de 600 las hectáreas (donde viven 16.000 familias) que serían reguladas. De ese número, se dijo entonces, alrededor de 450 hectáreas ya eran de propiedad pública.

Por su parte, el Cabildo porteño anunció el pasado viernes que amparado en la nueva reforma a la ley 88 también regularizaría 6 cooperativas de esa zona (donde habitan 3.432 familias). Pero ambas entidades, en algunos puntos, coinciden en las áreas que avalarán.

Ante estos ‘cruces’, Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, aclaró que se buscará definir los datos ofrecidos por ambas entidades gubernamentales en una reunión con delegados del Cabildo. “Vamos a mantener una reunión con ellos esta tarde (ayer) para esclarecer el área que les corresponde, pero estimo que las familias que recibirán la legalización municipal no pasan de 1.000”, explicó.

DATOS

En 2007 dirigentes de Monte Sinaí plantearon la legalización de terrenos de la zona al Municipio de Guayaquil, pero no recibieron respuesta a su petición.

En 2010
el Gobierno Nacional, mediante el  decreto 607, prohibió nuevas invasiones en el área cercana  al Canal de Trasvase del Acueducto de Santa Elena.

En abril
de 2013 el Estado inició un cronograma de desalojos en el sector tras detectar que se construyeron nuevas casas desde 2011. En agosto comenzó la entrega de certificados de georreferenciación para garantizar la legalización de las propiedades de quienes habitan el lugar desde 2010.
El pasado viernes, la Dirección de Terrenos del Cabildo convocó a los habitantes de la cooperativa Monte Sinaí para que conozcan detalles del proceso de legalización en las zonas que le permite la ley 88.

El personal municipal presente en la cita, al ser consultado sobre el número de familias beneficiadas, se limitó a informar que el censo, que inició la semana anterior, servirá para establecer la cifra.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo día, un boletín del gobierno seccional señaló que serían 3.432 familias las que podrán ‘escriturar’ sus propiedades. El registro de los solares habitados -que serán los únicos tomados en cuenta- culminará el próximo mes.

Mientras, hace 2 meses el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Stpahi se encargaron de censar a las familias de la zona que serán incluidas en la certificación de propiedades. Como parte del proceso, en el edificio Joaquín Gallegos Lara -ubicado en la avenida Plaza Dañín- inició ayer una nueva etapa de entrega de documentos de georreferenciación (ubicación de predios) a familias de Monte Sinaí.

En esta fase, que culminará el 6 de diciembre, se proyecta beneficiar a aproximadamente 4 mil familias. En el primer día de entrega se atendió a habitantes de 8 cooperativas del sector.

La ley 88, aprobada por la Asamblea Nacional, permite la legalización de esta área por parte del Estado y autoriza el desarrollo de proyectos complementarios como servicios básicos, unidades educativas y de salud, entre otros. “Estamos presionando también para la reglamentación de la ley 88”, afirmó.

La nueva norma será definida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), que actualmente realiza estudios sobre las obras que se harán en  las 35 cooperativas de Monte Sinaí que están bajo administración estatal.

La Stpahi informó que los arreglos en las casas, de carácter urgente, solo están permitidos para las personas que cuenten con el certificado de georreferenciación.

También trascendió que en el plazo de un mes estará establecido el valor que tendrán que cancelar al Miduvi, por metro cuadrado de los solares. El Cabildo, por su parte, alista una ordenanza, con el mismo fin, para aprobarse en 15 días.

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