En la presentación del estudio “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados” en la Universidad Católica de Guayaquil”, lo que iba a ser la exposición de los resultados del estudio impulsado por la Fundación Hogar de Cristo se convirtió en un debate mañanero sobre la precisión de los datos que plantearon los investigadores.

Julián Hernández y Javiera Provis, los dos investigadores que expusieron estadísticas sobre la situación socioeconómica de la gente que vive en Monte Sinaí, afirmaron en la Facultad de Filosofía que existen 274.000 habitantes en el sector noroeste, que la muestra investigada representa el 10% del número de asentados y que el 82% de los habitantes del área (socios de la fundación), por su nivel de pobreza,  no podría pagar los $ 49 mensuales que piden los planes habitacionales.

Esas afirmaciones fueron planteadas frente a un panel al que fue invitado el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Pedro Jaramillo, y en el que también estaban un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos de Hogar de Cristo. La sala en la que se desarrolló el acto estuvo llena por habitantes de Monte Sinaí, voluntarios y miembros de entidades cantonales como Interagua.

Mientras esperaba su turno para intervenir, aunque no estaba previsto, Jaramillo encontró  que en algunas de las 142 páginas hay aseveraciones como  “poco interés de los habitantes de Monte Sinaí por los programas habitacionales y el desarraigo que producen los desalojos de los habitantes de los asentamientos”.

Jaramillo, quien anunció que iba a plantear ciertas inquietudes y que después de decirlas se marcharía, manifestó que le preocupaban esas afirmaciones y le generaban ciertas dudas las cifras que se presentaron. “Se dice que el 82% de la población en Monte Sinaí no podría pagar más de $ 49 por su vivienda, pero tengo entendido que pagan $ 120 de agua. Entonces, como es posible... Me quedan ciertas dudas del estudio...”, refutó luego de anunciar que se caracterizaba por ser  frontal.

Entre el público, Ilfn Florsheim, gerenta de comunicaciones de la concesionaria de agua potable del cantón, escuchó  sin inmutarse, estaba concentrada en su celular. El funcionario continúo con las observaciones: “En el texto se menciona que la reubicación produce desarraigo, yo lo cuestiono, porque no sé si es mejor vivir (arraigado) sin servicios a ser desarraigado y estar con servicios, agua, salud, escuela”.

Y remató -a propósito de que en el estudio se señala que uno de los principales problemas de desarrollo urbano es la configuración de guetos y aquellos tipos de morfología urbana cerrada- que el Gobierno Central no está haciendo eso: “Me preocupa cuando se dice que estamos produciendo ciudadelas cerradas, porque estamos generando guetos. ¿Y lo otro no es gueto de pobreza con casas de caña sin servicios?”.

Ante esas críticas, las decenas de asistentes empezaron a murmurar, mientras el representante del Miduvi hablaba. Apenas terminó su intervención, Luis Gómez, un dirigente barrial, gritó de entre el público que quería hablar. “Es mentira de los $ 120, porque solo pagan $ 0,80 y $ 1 por tanque de agua por día”. El público festejó la aclaración con aplausos y bravos”. Luego siguieron más testimonios iguales.

Jaramillo escuchó, intervino de nuevo y se marchó porque dijo que lo dejaba el avión y dejó a sus subalternos para que  escuchen por él. Hernández, en su ausencia, aclaró que lo de los guetos se refería a los planes municipales.

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