Un estudio sobre la guardia del alcalde guayaquileño revela que el colectivo justifica la represión a la libertad de expresión
Metropolitanos ven como agresivos a GLBTI (Documento)
Es diciembre y Julio Almeida corre rápidamente por la Avenida 9 de Octubre, de Guayaquil. El hombre, de 39 años, lleva una maleta de mano de viaje.
Pero él no va apurado hacia ninguna terminal aérea o terrestre. Simplemente, protege sus 50 antenas de televisión para evitar que las decomisen los elementos de la Policía Metropolitana. “Ya me quitaron una maleta similar hace pocos días, no quiero perder nueva mercadería”, expresó el vendedor ambulante.
Un informe realizado entre el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Guayaquil y el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías confirma que se mantiene la práctica.
En el análisis efectuado a líderes y subalternos de la fuerza municipal se constató que los elementos consideran legales los decomisos a los productos de los vendedores ambulantes, a pesar de que están prohibidos en el artículo 329 de la Constitución del Ecuador.
“Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo”, reza en la Carta Magna. (LEA EL INFORME DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUAYAQUIL)
No obstante, de acuerdo al informe divulgado esta semana, los metropolitanos hacen prevalecer las normas municipales y quitan las herramientas de trabajo, porque consideran que es “legal”.
“En el artículo del Reglamento Municipal señala: ‘Los jefes de la Policía Metropolitana dispondrán al personal autorizado que se efectúe el retiro temporal de los objetos, mercaderías o bienes muebles que se encuentren expuestos en espacios públicos sin autorización municipal’”, concluye el estudio.
Otro resultado obtenido tras el diálogo con los metropolitanos es que los agentes consideran “legal” la represión a la libertad de expresión.
“Todos los participantes coincidieron en que para realizar una manifestación pacífica (en el puerto principal) se debe pedir primero permiso al Municipio de Guayaquil”, reza en el documento.
Al contrario, el artículo 66 de la Constitución reconoce el derecho a opinar, expresarse y manifestarse de forma libre y voluntaria.
Precisamente, el 4 de diciembre de 2013 un grupo de jóvenes que realizaba un flashmob, al pie de la Gobernación del Guayas, fue agredido por la Policía Metropolitana. Los mencionados guardias reprimieron, con toletes y gases, a quienes hicieron una parodia al alcalde Jaime Nebot Saadi.
Asimismo, los uniformados perciben a la población de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBTI) como personas problemáticas, violentas y agresivas. “A pesar de trabajar en la calle, no conocen el significado de colectivos, minorías, familias diversas, GLBTI, manifestación social, a duras penas pueden definir lo que es una persona refugiada”.
En este último aspecto -concluye el informe- los metropolitanos creen que un extranjero viene a quitar fuentes de trabajo a un ecuatoriano, no respeta las leyes “aprovechándose por no ser del país. “Y debido a ello los índices de violencia han subido”.