Un poco menos de 80 días tiene de funcionamiento el nuevo edificio del Registro Mercantil de Guayaquil, pero el saldo en el despacho de trámites y los ingresos que estos generan son favorables.

Cerca de $ 300 mil mensuales  recauda esta oficina por el procesamiento y entrega de más de 400 requerimientos diarios para el sector privado.

Estos van desde la creación de nuevas compañías, los nombramientos de  directivos, los aumentos de capitales, el levantamiento en la reserva de dominio de bienes y otros servicios. 

La moderna estructura  está ubicada al norte en las intersecciones de las avenidas Miguel H. Alcívar y Francisco de Orellana, consideradas arterias comerciales de la ciudad por la cantidad de empresas y oficinas instaladas en la zona.

En sus dependencias consta toda la historia mercantil y comercial de Guayaquil desde 1907. Esta información está almacenada físicamente en libros (cerca de 15 mil) y en un servidor de gran capacidad.

La primera inscripción corresponde a una solicitud para una licencia comercial del ciudadano Carlos Pazmiño. El documento fue ingresado a mano el 20 de febrero de 1907.

Anteriormente todos estos documentos eran manejados por una persona particular y los recursos que generaban los trámites iban directo a los bolsillos del Registrador, funcionario que era nombrado por la Función Judicial y que regularmente era reelecto.
Este modelo se rompió una vez que el Gobierno asumió su control con la creación de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinacorp) y ahora toda la información que se tramita es pública y los fondos que produce esta oficina van directo al erario nacional.

Para el efecto, desde el 11 de agosto  funciona el nuevo edificio del Registro Mercantil. La adecuación del local demandó una inversión aproximada a los $ 2 millones.

Además se designó a su titular, Xavier Rodas Garcés, mediante un concurso público.

El funcionario resaltó que lo ocurrido en esta dependencia es el símbolo más visible del cambio implementado por el régimen en distintas estructuras.

“Ahora los recursos van al Estado y no al bolsillo de una persona privada que se enriquecía aquí”, remarcó.

Explicó que en el pasado era un éxito económico  ejercer el cargo, por cuanto el titular de la institución invertía en equipos y pagaba cerca de $ 50 mil en salarios  y servicios por mes, pero le quedaban $ 250 mil líquidos en el bolsillo.

“Ahora se debe pasar por un riguroso concurso público. Además la Contraloría General del Estado y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos son los entes que nos controlan”, precisó.

Añadió que el giro dado en el organismo se basa en dos principios: el de la publicidad de la información y el de otorgar seguridad jurídica a las personas.

El primero, bajo el argumento que los actos y contratos mercantiles son públicos y cualquier persona puede conocer sobre estos.

El segundo, que al estar legalmente inscritos estos trámites, los interesados tienen la certeza de que la información de una empresa o persona es real y confiable.

Para acceder a este tipo de datos, los usuarios cuentan con 5 ventanillas de atención al público.

El solicitante presenta su requerimiento específico, paga un arancel que va entre 4 y 20 dólares de una tabla fijada por el Consejo Nacional de la Judicatura y en un plazo no mayor a tres días tiene su documento o certificación.

Antes de eso, sus papeles pasan por varios filtros legales en los que se corrobora su pedido o que la inscripción cuente con todos los requisitos de ley.

“También suelen ocurrir demoras, pero no es por culpa de la institución sino de los usuarios que no adjuntan toda la documentación necesaria”, afirmó Rodas.

Se cobran otros valores, por ejemplo, por la constitución de una nueva empresa cuando su capital de constitución supera los $ 4 mil. En estos casos la tarifa es del 1,20 por mil.

Para el análisis de todas estas solicitudes, el Registro cuenta con  55 personas, entre ellas 10 pasantes de la Universidad Católica.

El titular de la dependencia expresó que existe un proyecto para digitalizar los requerimientos de los usuarios.

“Esto va a beneficiar a las personas que necesitan de nuestros servicios, pues podrían hacer sus trámites vía electrónica desde sus oficinas, sin necesidad de venir al edificio”, aseveró.

El plan aún se encuentra en etapa de estudios y no hay una fecha precisa para su implementación.

Del mismo modo, se espera que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, como órgano rector, emita una tabla con los valores de los aranceles a cobrar por cada trámite. Tampoco se sabe para cuándo se tendrá el nuevo pliego tarifario.