Malas historias rodean el canal Daule-Chongón

“María”, habita desde hace más de 5 años en el sector Sergio Toral 1, a 200 metros del canal del trasvase Daule-Chongón, en el noroeste de Guayaquil. Su vivienda está situada de tal manera que tiene una vista panorámica de la zona.

Ella, madre de familia, prefiere el anonimato si se trata de comentar sobre la vecindad. Como su casa está en un lugar elevado que le permite tener esa visión panorámica, ha observado tantas cosas, que si las cuenta con nombre y apellido se ganaría represalias.

Para conseguir su terreno pagó más de $ 1.000 al “abogado” (Sergio Toral). De antemano, sabía que el trasvase  también era conocido como el “canal de la muerte”.

Aquel sobrenombre le llegó a la construcción cuando los asentamientos populares empezaron a rodear el sistema de riego, a inicios de la década pasada, y se registraron los primeros decesos de invasores que, por descuido, perecieron cuando improvisaron en el lugar una especie de pileta para coger agua, lavar y bañarse.

“La corriente no perdona a quien no sabe nadar o se acalambra en medio del canal y termina en alguna de las rejillas que hay más abajo”, comenta “María”, quien ha visto a muchos niños, jóvenes y adultos escalar un empinado camino de maleza, de unos 20 metros de distancia, para refrescarse un poco en el canal de riego.

En una parte del trayecto, incluso, se visibiliza una tubería de desagüe que, según “María”, resulta útil a grupos de delincuentes, tanto para acechar a sus víctimas como ruta de escape en los esporádicos operativos que realiza la Policía.

La madre de familia recuerda: “el abogado nunca nos dio indicaciones sobre el canal, pero sí que tenía pensado hacer una especie de parque al pie de eso”.

Según varios moradores del lugar, pese a que apresaron a varios traficantes de tierras a inicios de 2011, la venta de terrenos ilegales aún persiste y se extiende, aunque con menor velocidad que antes, en las inmediaciones del trasvase.

Inseguridad y falta de control

El trasvase Daule-Chongón tiene aproximadamente 27 kilómetros de extensión, de los cuales la tercera parte está rodeada de asentamientos populares, como Monte Sinaí, El Fortín, Balerio Estacio, Sergio Toral y Janeth Toral.

Desde hace un año, la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) trabaja en la implementación de un cerramiento metálico para evitar que las personas ingresen a este sistema de riego.

Sin embargo, en varios tramos, particularmente en la parte norte (Sergio y Janeth Toral, y Monte Sinaí), estas construcciones han sido violentadas por los propios moradores.

Eddie Arana labora en esta obra desde 2011. Hace dos semanas, asegura, un grupo de ciudadanos del sector lo golpeó cuando trató de impedir que se llevaran el metal. “Se dan a la tarea de cortar las barras para luego venderlas en los centros de acopio”.

Mientras habla de las violaciones de seguridad, un joven vigila de lejos; parece que solo toma el sol sentado al borde del canal, pero después de unos minutos se lanza al agua. “Ese es un fumoncito que siempre se refresca por aquí”, asegura Arana. Ni él y ninguno de los obreros le dicen algo al respecto. “Es arriesgarse a tener problemas”.

Rubén Arias, de 48 años, expresa que al lugar llegan habitantes de los sectores aledaños, no solo a bañarse sino también a consumir droga. “Los que siempre se ahogan son los niños y no hay nadie que haga algo para poner señalización o un sistema de seguridad”, afirma.

En un recorrido hacia el norte del trasvase, como quien se dirige a la estación de bombeo La Toma (ubicada a 15 km de las invasiones), el panorama se vuelve más solitario.

No hay viviendas que queden a menos de 30 metros de la corriente de agua. Aún así, poco antes de llegar al lugar  conocido como La Ladrillera, una familia entera disfruta del improvisado balneario.

A pocos metros hay un destruido letrero de cemento de la Senagua con la advertencia: “Prohibido bañarse. Peligro de muerte”, que se encuentra en posición longitudinal y es difícil leerlo.

Martha Jaramillo, quien vive desde hace 7 años en el sector, afirma que el servicio de agua potable es una necesidad que aún no se soluciona y eso impulsa a los moradores a buscar alternativas en el canal. “En lo personal, no utilizo el agua para bañarme y ahora, con tanta gente que la utiliza para eso, ya ni nace usarla para otras cosas”, refiere Jaramillo.

Los bajos niveles de seguridad son tales, que encontrar cadáveres de personas en los lugares en que se bota  la basura no es una sorpresa.

La Policía, asegura Jaramillo, rara vez aparece en las inmediaciones. “Ya no hay unión entre los vecinos desde que se llevaron a los traficantes de tierras y cada quien hace lo que se le antoja”.

Peligros y advertencias

En el sitio de la rejilla que cierra un tramo del trasvase, hacia el norte, hay una pendiente de, al menos, 50 metros. Pese a eso, los menores de edad se dan el trabajo de escalar la maleza que, en época invernal, aparece a millares surgir.

La seguridad que implementa Senagua aún no llega a este sitio. David, un pequeño de 8 años, admite que en época de calor, lo primero que busca es meterse al agua correntosa. “Hay que tener cuidado que la marea -nivel- no esté muy alta para poder estar de pie y evitar ser arrastrado”, sugiere

David, quien se incomoda cuando se le pregunta sobre otros niños que han muerto en el lugar. “Debe ser feo”, contesta de forma escueta. El sentimiento fue más duro de manejar para Rosendo Sosa, habitante de Monte Sinaí, quien a inicios de enero pasado perdió a su hija mayor en el sitio.

Cerca de las 17:00 del 2 de enero último, Allison, la hija de Sosa, jugaba junto con sus amigos en el borde del canal.
Según testimonios de vecinos y del mismo Sosa, la chica se bañaba agarrada a una soga sujeta a una escalera de metal. Cuando una amiga la sujetó del pie, la menor, de 11 años, aflojó la cuerda y cayó al canal.

“Era la primera vez que mis hijos se metían”, comenta afligido Sosa, quien no deja de recordar a su hija “mirando hacia atrás mientras tragaba agua”.

Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) encontró el cuerpo de Allison  al día siguiente, a 6 km de donde sus amigos y familiares la vieron por última vez. “Creo que sería mejor que taparan ese canal, sería la mejor forma de evitar que más personas sigan metiéndose ahí”, sentencia Sosa.

Felipe Bazán, subsecretario de Respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), indica que, por decreto presidencial, las personas ya no deben vivir cerca de la zona. “Lo ideal sería que no haya habitantes en, al menos, dos mil metros de distancia del canal”, manifiesta Bazán.

La responsabilidad de lo que ocurre en el sector, según el funcionario de la SNGR, debe ser compartida entre las entidades gubernamentales y municipales. “Sería bueno saber qué hace el Municipio de Guayaquil en este aspecto, porque sigue siendo su jurisdicción”.

La SNGR informa que se da asistencia a los habitantes del lugar en cuanto a las medidas que deben adoptar para evitar mayores desgracias. “La primera de ellas es que no deben acercarse al canal, lastimosamente, los habitantes hacen caso omiso de estas indicaciones”.

Por su parte, la Senagua trabaja en propuestas de infraestructura para evitar que el “canal de la muerte” siga siendo protagonista de las páginas de crónica roja de la prensa y, simplemente, cumpla su cometido original: abastecer de agua a otros sectores.