Los terrenos de cantones más poblados, ocupados solo el 4%

Los resultados del análisis del sistema de planificación territorial y urbana del país, efectuado por una Comisión Técnica de la Unión Europea (UE), identificaron diversos problemas en las proyecciones del desarrollo de las ciudades.

El diagnóstico de los técnicos de la UE sobre los planes de los gobiernos seccionales –asistencia que se dio en este mes por pedido de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial de la Asamblea Nacional- concluye, entre otros aspectos, que el 70% de las ciudades se produce por el sector informal, hay carencias de conciencia sobre las zonas de riesgos naturales, menos del 50% de los planes presenta condiciones concretas para el desarrollo de planes urbanísticos y, además, se identificaron inconsistencias entre lo propuesto por los gobiernos locales y las necesidades reales de la comunidad.

“Da la impresión de ser resultado de un trámite legalmente obligado para el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) ante el Gobierno Central”, reza en el estudio.
El citado análisis ha dado lugar a la elaboración de un borrador de proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión del suelo, el cual fue desarrollado por miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos. El documento que contiene 6 títulos y 67 artículos, de acuerdo con la comisión técnica, tiene como objetivo clarificar competencias y articular planes; fortalecer a los distritos metropolitanos y municipios con potestades y herramientas para controlar el uso del suelo; establecer criterios mínimos de igualdad de los ecuatorianos en el disfrute de sus derechos constitucionales, hábitat y acceso a los espacios públicos; y flexibilidad para adaptarse a la diversidad territorial e institucional y a la autonomía del GAD.

La mencionada organización ya ha generado oposición del burgomaestre de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y cantón que concentra el 68% de las invasiones de la provincia del Guayas, según datos de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi).

Críticas a la propuesta

Para el alcalde Jaime Nebot, es innecesaria la creación de la mencionada ley, si lo que se quiere es prevenir las invasiones y si se pretende cobrar la plusvalía de la obra pública. Según el funcionario, en el primer caso, eso siempre ha sido competencia del Gobierno Central y no de los municipios; mientras que en la segunda situación, aquello está contemplado en las normas jurídicas. “Existe el afán gubernamental de asfixiar la actividad portuaria guayaquileña. Si la ley pasa, no la vamos a obedecer, porque la Constitución nos permite que no obedezcamos una ley que carece de eficacia jurídica”, advierte.

Pero Octavio Villacreces, asambleísta y miembro de la Comisión Legislativa que plantea el tema, explica que la normativa es necesaria ya que, además, se le pone un techo al libre mercado del suelo y a la promoción inmobiliaria. El legislador argumenta que a veces hasta hay carreteras que no se pueden construir, por los elevados precios de la tierra puestos por sus propietarios, que muchas veces han tenido vinculación con los gobiernos seccionales de turno y que tenían acceso a información privilegiada.

“Por ejemplo, en 1987, en Guayaquil, se decidió hacer la vía Perimetral. Pero ¿no se beneficiaron con esa obra, además de la ciudad, los dueños de las tierras por donde se decidió que pase la vía? Justamente, en esa zona, nació una nueva ciudad parecida a Miami, cuyos promotores inmobiliarios fueron los grandes favorecidos con la obra pública”.

Precisamente, en el análisis técnico se observa que los cantones de mayor densidad poblacional (por encima de los 500 habitantes /km2, que son un 5% del total), contienen el 40% de la población nacional, pero ocupan menos del 4% del territorio.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la mayor parte de la población guayaquileña está asentada en la zona urbana (2’278.691 habitantes) y una menor cantidad en la zona rural (72.224 habitantes). Los datos del censo de 2010 también revelan que solamente el 51% de los residentes afirma que tiene una vivienda propia y que está totalmente pagada.

De acuerdo con el asambleísta Virgilio Hernández, expresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, la normativa ayudaría a fijar cuánto va a costar la tierra en 15 o 20 años.  “Eso permitirá la posibilidad de construir vivienda para los sectores populares y los sectores medios”, expresa Hernández, quien señala que no hay de qué alarmarse, pues el tema todavía está en debate y “el Ejecutivo ha señalado que también va a enviar un proyecto”.   

El diagnóstico de los técnicos de la UE determina que la organización espacial de las comunidades, dejada al libre juego del mercado inmobiliario, tiende a generar efectos sociales perversos como la segregación clasista por niveles de ingresos, la marginalización y guetización de los sectores de menor capacidad adquisitiva, y, en general, la pérdida de diversidad, convivencia y movilidad social.

“Una inadecuada planificación y gestión de los procesos urbanizadores suponen en la mayoría de los casos la creación de ciudades duales y segregadas: la ciudad formal, dotada de servicios y condiciones de vida dignas, por una parte; y por otra la ciudad informal, deficitaria, hacinada e insegura.

Al no existir capacidad adquisitiva para pagar la urbanización y edificación que ofrece el mercado, se genera de manera más o menos espontánea o precaria una sub-ciudad, donde se alimentará el resentimiento y la exclusión social”.

El borrador del proyecto también plantea que debe destinarse a áreas verdes y comunitarias como mínimo una superficie de 10 metros cuadrados por cada vivienda o del 15 por ciento (15%) del área útil de la unidad; y que todas las vías urbanas para tráfico rodado a motor deben tener en ambos lados aceras con una anchura mínima de 1,5 metros, salvo que se proyecte un itinerario alternativo para los peatones, que nunca puede tener una anchura inferior a 2 metros.

Otras posturas

Para Alexandra Arce, alcaldesa electa de Durán (el segundo cantón más poblado del Guayas), una ley para regular el uso del suelo es  trascendente, ya que de esa manera se hubiera evitado algunos problemas que ha observado en su ciudad (otra de las que presentan problemas de invasiones).

“En Durán, en medio del área industrial, tenemos zonas residenciales, donde hay asentamientos irregulares. Por eso, no se puede trabajar en servicios básicos (agua potable y alcantarillado), porque están en una zona que no es para ellos. Una prioridad será hacer una consultoría de la planificación urbana del cantón para que cada cosa tenga que ir en su espacio y luego la dotación de servicios básicos. No se puede hacer eso si no están regularizados ciertos sectores”.

En lo referente a las autonomías, el alcalde de Santa Elena, Dionisio Gonzabay, señala que aquel inconveniente se supera mediante la socialización del plan y de los proyectos. “La Constitución manda a socializar todo proyecto de cualquier Gobierno”.

Una visión contraria a la de Nebot, quien considera que se atenta contra la independencia administrativa de los Cabildos.