“Esto es solo una aclaración, no se llegará a ningún acuerdo”, sentenció un representante del Municipio de Guayaquil antes de salir de  la audiencia, en las instalaciones de la  Defensoría del Pueblo, en la que los moradores del lado norte del cerro Santa Ana, el pasado viernes,  esperaban una respuesta positiva a su solicitud de legalizar los predios.

El encuentro se desarrolló, desde las 15:15, con la presencia de los representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG).

Desde hace más de tres décadas, los moradores del Santa Ana buscan una solución a su situación habitacional, que les   impide realizar mejoras en los terrenos que consideran de su propiedad.

Las manzanas 1 y 40 aún no han sido legalizadas por el Cabildo. Según los habitantes del lugar, el Cabildo porteño y la JBG no se han puesto de acuerdo en cual de las dos   instituciones es la dueña de más de 200 predios que forman el sector.

Aunque ya hubo acercamientos con la actual administración municipal, la demora empezó a impacientar a estos moradores cuando comenzó el rumor de que serían desalojados.

La zona en disputa está enfrente de los proyectos Puerto Santa y Ciudad del Río, desarrollados por el Cabildo y el grupo Nobis, respectivamente.

Gloria Cruz, presidenta (e) del Comité Promejoras Unión y Fuerza del cerro Santa Ana, explicó que cuando se construyó el edificio Puerto Santa Ana circuló el rumor de que los moradores serían desalojados para desarrollar otros proyectos urbanísticos.

A inicios de la década de  2000, algunos de los habitantes   arreglaron la situación predial, pero quienes  postergaron el trámite  no pudieron hacerlo.  “Hace casi diez años  gente del Municipio nos visitó ofreciendo una solución, pero hasta la fecha eso no se da”, manifestó Cruz, quien representó a sus vecinos en la audiencia en la Defensoría del Pueblo.

Varios vecinos, de la  treintena   que estuvo en la Defensoría del Pueblo, llevaron cámaras fotográficas y de video para registrar el  nuevo “careo” con las autoridades municipales y la JBG.

A los pocos minutos de que las partes involucradas iniciaran la reunión, uno de los representantes del Cabildo se levantó de su sitio señalando que no se llegaría a ningún acuerdo sobre la disputa de los terrenos localizados en el cerro del centro.

Los moradores de la colina lo identificaron como representante legal del Municipio. La persona mencionada abandonó la oficina donde se desarrolló la audiencia. Luego, Miguel Ángel Serrano Tomalá, funcionario de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros  (Duar), quedó en representación de la entidad.

A los cinco minutos de instalada la audiencia, los representantes de la JBG y del Municipio fueron convocados fuera de la oficina, en la que se desarrollaba el encuentro.

Por alrededor de una hora, los moradores del Santa Ana esperaron que regresaran  los involucrados en el litigio. Durante el lapso, analizaban las acciones por tomar en caso de que el proceso legal se dilatara. Por ello, debido a las constantes reuniones infructíferas con dichas autoridades,  una moradora, quien no quiso dar fecha ni su nombre, propuso hacer un plantón. “El día en que hagamos eso, le doy hasta mi cédula, antes no”.

También surgieron comentarios sobre un individuo (según los moradores, italiano) que   construye un parador turístico en el sector y que tendría los permisos municipales respectivos. “¿Cómo es que ese señor ya tiene los papeles en regla y a nosotros nos ponen peros?”.

Cuando las partes regresaron, Cruz comentó sobre este particular. Entre los delegados de la JBG y el Cabildo se vieron las caras y finalmente,  el representante de la última entidad sugirió poner la denuncia en la Dirección de Justicia y Vigilancia para proceder a indagar.

A las 17:00, se resolvió que el alcalde y el procurador síndico informen por escrito el estado de los trámites internos para la legalización de los terrenos.
Los moradores se retiraron en forma pacífica… Pero la idea del plantón se mantuvo hasta su salida de la Defensoría.