Mario Caicedo, una persona no vidente de 41 años, inicia su rutina acompañado de una doméstica que lo lleva por las calles Aurora Estrada y García Moreno para coger el bus que lo transporta hacia su trabajo en la Bahía.

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país existen aproximadamente 361.000 personas con limitaciones registradas. El 22% del total (80.000) se encuentra en Guayas.

Para especialistas y autoridades del ramo, aún existe una deuda pendiente con el grupo de atención prioritaria, pese a los avances que se han conseguido en cuanto a políticas y programas públicos como la campaña ‘Manuela Espejo’.

Por ejemplo, Mario encuentra el primer obstáculo en que algunos choferes optan por no parar cuando su acompañante hace señas con la mano. “Lo más seguro es que piensan que pagaré menos”.

La tarifa preferencial para una persona con discapacidad es de 12 centavos (art. 46 del Reglamento a la Ley de Tránsito), pero a Mario lo que más le incomoda es que ninguna unidad cuenta con el apoyo necesario para alguien de su condición física.

La falta de rampas y la presencia de sensores de marcación representan dificultad para caminar. Llegando a su destino, en García Avilés y Sucre, “en cambio las aceras son las que no son amigables con los discapacitados”.

La falta de espacios adecuados también se evidencia en la infraestructura de los edificios públicos y privados que, pese a normas INEN, ordenanzas municipales y leyes afines, no es inclusiva al 100%, afirmó Zully Alvarado, presidenta de Causes for Change (Causas para el Cambio) Internacional.

La observación fue presentada durante una jornada de conferencias sobre atención en discapacidad dirigida al personal de entidades públicas que atiende a este sector.

La gestión fue impulsada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Alvarado hizo cuestionamientos a las limitaciones que existen en cuanto a los baños ubicados dentro de inmuebles.

La norma INEN 2293 estipula que debe existir espacio suficiente para maniobrar en una circunferencia de 1,5 m de diámetro y contar con barandas de apoyo, entre otras especificaciones. “No siempre se puede encontrar tales condiciones”.

Entre los participantes de las charlas estuvo Jhonny Onofre, de la fundación Huerto de los Olivos, quien aseguró que una de las mayores preocupaciones de los discapacitados es tener un total acceso a los sistemas de salud y educación.

En este sentido, sugirió que el grupo de atención prioritaria debe contar también con las herramientas necesarias para desenvolverse en forma independiente. “Ellos requieren un ambiente biosocial saludable”.

La fundación Huerto de los Olivos, por ejemplo, se ha encargado de insertar personas con discapacidad en establecimientos educativos haciendo hasta 4 visitas diarias de seguimiento de los casos.

Según datos del Ministerio de Educación, existen aproximadamente 34.000 estudiantes con discapacidades -con edades entre 7 y 17 años- inscritos en planteles convencionales.

Sin embargo, la cifra representa apenas el 23% de cobertura. Irene Gutiérrez, analista de Discapacidades de la Coordinación Zonal 8 del MIES, indicó que se mantienen conversaciones permanentes con distintas instancias para reducir el índice de desfavorecidos.

Entre los acercamientos se han realizado observaciones al Municipio de Guayaquil en cuanto a la mejora de aceras y puentes peatonales que no disponen de rampas de acceso. (I)