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El reglamento cuestionado fue creado hace 18 años en la administración socialcristiana

Los concejales pedirán reforma de ordenanza contra informales

En las bodegas de la Policía Metropolitana se acumulan las mercaderías incautadas a vendedores informales. Foto: Miguel Castro / El Telégrafo
En las bodegas de la Policía Metropolitana se acumulan las mercaderías incautadas a vendedores informales. Foto: Miguel Castro / El Telégrafo
12 de septiembre de 2015 - 00:00 - Redacción Guayaquil

En el cuartel de la Policía Metropolitana de Guayaquil, en el sur de la ciudad, hay dos espacios donde son acumuladas las herramientas de trabajo y productos “retirados temporalmente” (confiscados) a los comerciantes informales.

Al aire libre, en un terreno cercado por mallas, y dentro de una bodega, bajo techo, están amontonados triciclos, cocinas, vitrinas, bancas plásticas y canastas. También,  guineos podridos, entre otros productos.  

Todos estos llegaron allí por la creación del Reglamento para el Control y Destino Final de los Bienes Decomisados por la Policía Metropolitana.

Esta normativa fue avalada en 1997 por la administración municipal socialcristiana de León Febres- Cordero (+) y continúa vigente con su sucesor y coideario Jaime Nebot.

El artículo 6 del reglamento reza: “Los bienes perecibles decomisados serán donados a instituciones públicas o privadas que tengan el carácter de asistencia social”.

Mientras que en su disposición transitoria ordena: “Los bienes no perecibles y que hasta la promulgación del presente reglamento se encontraran por más de 90 días en las bodegas del Municipio se tendrán como abandonados y se procederá a su donación o destrucción”.

Sin embargo, la incautación de mercaderías y herramientas de trabajo está prohibida en la actual Constitución del Ecuador.

Por este motivo, los concejales de PAIS se pronunciaron en contra de los procedimientos que aún aplica la guardia municipal en contra de los vendedores ambulantes.

El edil oficialista Gustavo Navarro adelantó que su grupo pedirá el cambio o eliminación de la ordenanza y el reglamento citado. “No puede haber una norma que esté sobre la Carta Magna y por encima de todo. Es vergonzoso que el Cabildo avale estos procedimientos”.

El jueves indicó que pedirá una audiencia con el alcalde  para tratar el tema e incluirlo en la agenda de resoluciones municipales. “Esa normativa no puede continuar”.

Según él, en caso de que no prospere la propuesta irían a la Asamblea Nacional, Consejo Nacional de Competencias, Participación Ciudadana o hasta la Corte Constitucional.

De su lado, la concejala Lídice Aldás cuestionó que el Cabildo coloque en las calles monumentos en honor a los oficios tradicionales, pero persigue a los vendedores autónomos.

“Bajo ninguna circunstancia una policía que debería apoyar a la ciudadanía debe seguir siendo ‘garrotera’”, criticó.

Asimismo, Carlos Zambrano, presidente de la Federación de Comerciantes Minoristas del Guayas, denunció que a diario se registran una veintena de agresiones a los ambulantes por parte de la fuerza municipal.

“Hay más, pero pocos denuncian”. Actualmente, en el Concejo Cantonal de Guayaquil hay 15 ediles: 10 son del bloque Madera de Guerrero-Partido Social Cristiano, los 5 restantes son del bloque PAIS y Centro Democrático.

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a los concejales compete: “Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal”. (I)

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