El Ministerio de Recursos Renovables y Energéticos, durante la presidencia de León Febres-Cordero (+), emitió el Acuerdo 1658, de mayo de 1988, que otorgó a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) servidumbre en la vía a la costa,  zona por la que pasa el poliducto La Libertad-Pascuales. 

El ducto en mención comenzó a gestionarse desde 1978, pero fue concluido en el gobierno de Rodrigo Borja, una vez que el Acuerdo 1658 otorgara a CEPE (hoy Petroecuador) el derecho de vía.

Esta servidumbre, que se concretó en la alcaldía de Jorge Perrone (+), del Frente Radical Alfarista, consiste en que una parte del suelo, de propiedad privada, tiene un uso limitado por una reglamentación de carácter local o nacional.

Se trata, por lo general, de franjas de terreno por donde pasan infraestructuras de propiedad del Estado o de compañías concesionarias. Es decir que estas entidades, en los límites que se mencionen en acuerdos o reglamentos, pueden hacer uso libre de los espacios señalados en el derecho de vía.

El acuerdo aprobado en el régimen de Febres-Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), se dio cuando la vía a la costa no estaba desarrollada urbanísticamente. Ahora allí viven 300.000 personas.

Mario Sánchez, abogado de Petroecuador, explicó que, según la servidumbre que favorece a la estatal, está prohibido, en una extensión de 15 metros a cada lado del eje de dichos poliductos, edificar inmuebles y levantar campamentos temporales. “La cercanía de las viviendas no se debe a Petroecuador, pudiendo establecer quiénes invadieron el derecho de vía”.

Cuando iniciaron las protestas, en octubre de 2012, los moradores de las urbanizaciones de la vía a la costa afirmaron que desconocían de este derecho de vía.

René Endara, de Villa Nova, aseguró que no fue informado de esta regulación en el momento que adquirió su vivienda. “Hasta donde conozco eso aplica más a carreteras y no a vías dentro de zonas urbanizadas”.

La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional convocó, la tarde del lunes, a autoridades del Municipio de Guayaquil para que explicaran los detalles  convenidos con Petroecuador y la transgresión a los límites otorgados al poliducto.

José Núñez, de la Dirección de Urbanismo; Camilo Ruiz, de la Dirección de Ambiente; y Vicente Taiano, secretario municipal, representaron al Cabildo en la sesión que convocó el asambleísta Rolando Panchana, titular de la Comisión de Biodiversidad.

Tanto Núñez como Ruiz, que representaron al burgomaestre Jaime Nebot, ex PSC y actual  Madera de Guerrero, defendieron la ruta alterna que Petroecuador propuso para evitar que el gasoducto Monteverde-Pascuales pase por zonas pobladas, que fue rechazada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) porque afecta al trasvase que abastece a poblaciones de Guayas y Santa Elena.

Cristóbal Punina, subsecretario general de Senagua, ratificó  que la ruta alterna afectaba dos puntos del trasvase de Chongón y que en el sobrevuelo, realizado     junto con Panchana, se visibilizó que el lado suroriental del proyecto hídrico sería transgredido.

Tras las intervenciones, Panchana, quien inspeccionó el tramo del poliducto vía aérea y terrestre, cuestionó que pese a la vigencia del derecho de vía, este fue irrespetado por canteras, urbanizaciones, entre otras empresas y entidades.

Durante las mediciones realizadas en la vía a la costa se detectó que estos inmuebles y sus respectivos muros de seguridad fueron construidos dentro de los 15 metros que favorecen al poliducto.

En cambio, las urbanizaciones Porto Vita y Vía al Sol fueron edificadas a 11 metros y 3 metros de distancia del ducto.

La irregularidad se da a pesar de que en las ordenanzas  de 2010 y 2011, del período de Nebot, se reconoce el derecho de vía. “He pedido a Petroecuador que realice mediciones en el poliducto, cada 500 metros, para establecer si se ha respetado tanto en Guayas como en Santa Elena”, aclaró el asambleísta.

En respuesta, Núñez justificó que cada construcción, realizada en la vía a la costa, está debidamente registrada y que en ningún caso se otorgó permiso para que se edificara sobre el derecho de vía.

Sin embargo, el titular de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional responsabilizó al Cabildo y la Agencia Regional de Control Hidrocarburífero (ARCH) por la falta de controles en las inmediaciones del poliducto. “La primera instancia era el Municipio el que debía realizar los controles”.

Panchana ofreció enviar un oficio, dirigido a Nebot, para que en el plazo de 15 días presente un informe detallado de los permisos de construcción otorgados en la zona para establecer infracciones. Petroecuador, en el mismo plazo, deberá entregar el estudio sobre el respeto al derecho de vía en el poliducto La Libertad-Pascuales.

Trascendió que varios sectores de la vía a la costa ya fueron notificados para que hagan los arreglos necesarios para evitar transgredir los 15 metros otorgados en la presidencia de Febres-Cordero.

Mientras que las inmobiliarias responsables de las urbanizaciones en el mismo sector no han respondido públicamente sobre las observaciones.

El Cabildo informó que si hay irregularidades en las construcciones  se revocará el permiso municipal. Mientras que, el Estado se encargaría de desalojar y demoler las  estructuras que afecten el poliducto.

Los moradores de las urbanizaciones reconocieron la probabilidad de infracciones en las edificaciones, pero también responsabilizaron a Petroecuador por el control.

Andrés Darquea, residente de Porto Vita, indicó que el rango de una probable explosión del gasoducto y del derecho de vía del poliducto tienen distinta relevancia para la integridad de las familias del sector.

La Comisión de Biodiversidad invitó a una nueva reunión al Cabildo, Petroecuador y un representante de los habitantes afectados por el paso del gasoducto para llegar a un consenso.

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