Las obras de infraestructura que el Municipio realizaba desde julio en tres colegios fiscales continúan paralizadas, tras la disposición del Ministerio de Educación que impide ingresar a las cuadrillas de trabajo a los planteles.

Los materiales y maquinaria de construcción previstos para las obras permanecen en las instalaciones de los colegios Eloy Alfaro, Provincia del Azuay y Febres Cordero.   

La Universidad de Guayaquil (UG), a través de la Unidad de Proyectos de Vinculación con la Comunidad (UPVC), informó que las reparaciones presentan varios niveles de avances: 30% en el Eloy Alfaro (remodelan  un auditorio), 60% en el Provincia del Azuay (acondicionamiento de coliseo, baterías sanitarias y circuito eléctrico) y 90% en el Febres Cordero (instalación de techado en la cancha principal).

En total, 12  colegios  estaban incluidos en el último convenio suscrito con el Cabildo, en noviembre de 2012. En cinco se notificó, en julio pasado, que no se permitirá la intervención del Municipio (Provincia de Tungurahua, Provincia de Bolívar, Provincia de Chimborazo, Víctor Hugo Mora y Teodoro Alvarado); en cuatro continúan los arreglos (Francisco Huerta, Eugenio Espejo, Néstor Astudillo y Clemente Yerovi); y  en tres se paralizaron los trabajos (Eloy Alfaro, Provincia del Azuay y Febres Cordero).  

Desde 2004, la UG ha ejecutado obras en 685 planteles: 435, en convenio con el CabildoSegún Carlos Hernández, director de la UPVC, el Gobierno Seccional, desde 2009, ha firmado cuatro convenios bipartitos con la UG y, en los tres primeros, se coordinó con la cartera de Estado. “En el cuarto, que es en el que estamos, el Cabildo envió el listado en marzo de 2012; pero no  hubo respuesta del Ministerio”.      

La UPVC notificó al fiscalizador municipal de la obra sobre la paralización de las edificaciones, pero  cualquier acción legal depende del Municipio, pues “ellos son los contratantes”.

De acuerdo con el alcalde Jaime Nebot, es ilegal interrumpir una contratación pública, pues los acuerdos tienen normas claras para que continúen. “Cuidado, porque van a incurrir en un delito si es que tocan, mueven, disminuyen o aumentan el material”, advirtió.

El presidente Rafael Correa, en su último enlace sabatino, refirió que las competencias de las escuelas “son nuestras y el alcalde quería meterse  sin coordinar y sin planificar”. Además, criticó que el Cabildo no asume competencias como dotar de agua potable ni alcantarillado a los planteles.

De su lado, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, aseguró esta semana que el sistema educativo no se ve afectado por las recientes medidas. “La intervención municipal en infraestructura educativa es absolutamente marginal, una gota de agua en el desierto”.

El Municipio  ha invertido, en cerca de  una década,  20 millones de dólares en infraestructura escolar. Desde 2007 destinó 3 millones de dólares anuales, lo que representa, en promedio anual, 0,6% del presupuesto municipal. El pasado miércoles, Espinosa se reunió con los rectores de los 12 colegios que serían intervenidos por el Cabildo y, en el encuentro, afirmó que el Estado se encargará de las obras.

Un grupo de padres de familia exhortó ayer al Ministerio de Educación a que permita concluir las obras en los establecimientos que se iniciaron y que autorice los trabajos en donde se prohibieron.