Daniel Miño, estudiante de la Universidad de Guayaquil, por rutina aborda el sistema Metrovía desde la parada ciudadela Simón Bolívar para luego hacer trasbordo hacia la ruta de Metrobastión y llegar hasta el lugar donde sigue la carrera de Medicina.

Las aglomeraciones en horas pico y viajes en unidades con su máxima capacidad son situaciones a las que el joven se ha acostumbrado en tres años como usuario frecuente. No obstante, hace dos semanas ocurrió algo que consideró peculiar y molesto: Los $ 2 que había ingresado en la tarjeta de la Metrovía no fueron acreditados en uno de los dispensadores. “Simplemente no reconoció la recarga, la máquina se tragó las monedas y no hubo devolución del dinero”.

Los casos son excepcionales, pero no son desconocidos para los usuarios de la modalidad de acceso implementado desde el inicio de operaciones de las troncales, en 2006, aunque las máquinas para venta y recarga automática de las tarjetas recién se colocaron en 2012.

Para la mayoría de las personas consultadas sobre la utilidad de estos dispositivos, que los dispensadores fallen es una situación fortuita, pero lo que lo vuelve intolerable es que no existe una solución inmediata, afirmó Hugo Carvajal, habitante del barrio Cuba.

El servicio al cliente, actualmente, se limita a las terminales Guasmo, 25 de Julio, Bastión Popular y Río Daule. “Lo primero que nos dicen los guardias (en las estaciones) es que tenemos que ir a las terminales para que nos reparen las tarjetas, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo para hacer un viaje de más de una hora, entre ida y vuelta”, dijo Carvajal.

A partir de marzo de 2014, la Fundación Metrovía comenzó a retirar progresivamente las taquillas en las estaciones de las tres troncales para reemplazarlas con dispensadores que emitían estos objetos a un costo inicial de $ 0,50. Un año después se incrementó a $ 2 para evitar que haya sobredemanda, justificó la entidad.

La homologación del sistema fue cuestionada por el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos (OCSP) que, en abril de 2014, interpuso una queja en la Defensoría del Pueblo porque se obliga a los usuarios a comprar la tarjeta, explicó César Cárdenas, miembro del OCSP.

Según el artículo 66, numeral 29, de la Constitución, “ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”.
Cárdenas manifestó que obligar al usuario a escoger solo una modalidad de acceso y pagar un valor adicional por un servicio que debe limitarse solo al pasaje ($ 0,30) vulnera lo establecido en la Carta Magna.

La queja del OCSP fue resuelta 19 meses después mediante oficio 151-DPE-CGDZ8-2015-MP. La Defensoría del Pueblo recomendó a la Fundación Metrovía consultar a los usuarios sobre los cambios que se implementen en el servicio.

Leopoldo Falquez, gerente general de la Fundación Metrovía, defendió el sistema automatizado para adquisición y uso de las tarjetas como un mecanismo moderno que permite agilidad en el ingreso a los articulados y alimentadores.   

Agregó que se implementaron mejoras en buses y estaciones en coordinación con la Defensoría del Pueblo y colectivos sociales. (I)