Los moradores de las manzanas 1 y 40 del cerro Santa Ana, en el lado norte de la montaña, aún no han legalizado sus propiedades tras más de 30 años de intentar solucionar su situación ante el Municipio de Guayaquil.

Los habitantes de la “zona no turística” afirman que desconocen, de forma oficial, si serán afectados por el proyecto Puerto Santa Ana que se levanta frente al sector. De más de 200 viviendas, solo 20 están legalizadas.

Vecinos del sector viven en la incertidumbre. Afirman que entre la Alcaldía y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) no se ponen de acuerdo sobre quién es el dueño de los terrenos que habitan.

DATOS

El Decreto Legislativo N° 591 de 1983 estipuló que los cerros de Guayaquil: Santa Ana, del Carmen, el Mirador de Mapasingue y de las Cabras (que hoy pertenece al cantón Durán) sean expropiados por el Municipio para ser legalizados a favor de los posesionarios.

En 2010, los habitantes de las manzanas 1 y 40 del cerro Santa Ana recibieron una  boleta de citación, firmada por el abogado de la JBG, Francisco Phillips Jurado, para que presenten la documentación que justifique la posesión de los solares.

Los títulos de propiedad, hasta ahora obtenidos  por pocos habitantes del sector, fueron durante las administraciones de Bolívar Cali Bajaña, Abdalá Bucaram Ortiz,  Jorge Norero González, Jorge Perrone (+), Elsa Bucaram Ortiz, León Febres-Cordero (+) y Jaime Nebot Saadi.Esto ocurre en el período que tanto el Cabildo como el Gobierno Central discuten la legalización de terrenos, como Monte Sinaí (noroeste del cantón).   

Los vecinos comentan que se encuentran en la incertidumbre, a pesar de que cancelan al Cabildo  impuestos desde mediados de 1980.

Asimismo, las viviendas cuentan con servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica.  Las  casas, la mayoría, son de cemento o construcción mixta, con accesos adoquinados y de cemento.

Carlos Idrovo, por ejemplo, vive hace cerca de cinco décadas en el cerro Santa Ana y desde 1983 arregló su situación predial cuando el valor del metro cuadrado, aseguró, se estimaba en 12 dólares. “El resto, en cambio, solo ha tenido trabas porque entre el Municipio y la JBG se han tirado la pelotita”.

El comité barrial de la zona decidió poner mayor énfasis en la legalización, en 2004, cuando se inició la primera fase del proyecto Puerto Santa Ana, debido a que comenzó a circular el rumor de los desalojos.

Gloria Cruz, presidenta (e) del comité, comentó que en el año 2005 personal de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros (DUAR) del Cabildo los visitó con el objetivo de actualizar datos para su posterior legalización. “Se llenaron formularios, se pagaron tasas, pero el asunto quedó allí”.

En 2012, el comité interpuso una acción legal en la Defensoría del Pueblo para que el Cabildo y la JBG aclararan la situación de los terrenos y se permitiera su legalización. En mayo de este año se realizó la última audiencia, sin resultado positivo.

Por su parte, Jenny Vásquez, moradora del sector, afirmó que no  están al tanto del proceso. “Lo que más se escucha es que seremos desalojados cuando el Puerto Santa Ana se termine de construir”.

Al respecto, José Núñez, director de la DUAR, aseguró que los terrenos del cerro Santa Ana serán legalizados y no habrá desalojos. “El Municipio no desaloja salvo en situaciones de riesgo, que no es el presente caso”, dijo.

Según el funcionario, (aún) establecen las minutas, junto con la JBG, para solucionar la situación de los predios del lugar. Justamente ayer, el alcalde Jaime Nebot se refirió a otras regularizaciones que han iniciado en los sectores.

Sergio Toral, Janet Toral, El Consuelo (km 22 vía a la Costa), y parte de Posorja. También se incluyeron los predios de Voluntad de Dios que no están dentro de la ley 38, que es reformada.

En lo que respecta a Monte Sinaí, indicó que “voy a esperar que la ley esté. La parte que el Gobierno legaliza es la que dijo el procurador en 2008 y eso  lo dije  hace cinco años  y ahora me dan la razón. A esa gente se la ha mantenido sin servicios y títulos, y hay otra parte que toca al Municipio”.