En las nuevas oficinas de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en el norte de Guayaquil, son las 10:00 y es escasa la cantidad de personas que quiere apelar una multa.

En el local de resolución de conflictos y de gestión de cobros, abierto en el centro comercial Albán Borja, la mayoría de los asientos de usuarios estaba vacía.  

Allí atienden, de 09:00 a 17:00, los casos de infracciones de tránsito que generen prisión (establecidas en el Código Orgánico Integral Penal y en las ordenanzas municipales).

Uno de los ciudadanos que estuvo es José Fernández, profesor del Colegio 28 de Mayo.

El maestro ayer apeló una multa impuesta por desobedecer las órdenes de los agentes municipales de tránsito. La sanción es de $ 106, de acuerdo con el artículo 389 de la Ley de Tránsito.

Fernández explicó que trabaja   desde las 06:00 hasta las 18:00, pero la notificación registra que a las 10:00 violó la ley. “A esa hora estoy laborando y no  en la calle. Jamás desobedecí a ninguna autoridad. Eso nunca ocurrió”, recordó el ciudadano, quien apoya las nuevas sanciones que se aplican en la urbe.

En el mismo lugar estuvo José González, taxista que bloqueó un tramo de la intersección de Clemente Ballén y Boyacá.  

El conductor recordó que otros choferes le pitaron varias veces y  avanzó cuando el semáforo estaba en luz verde, sin embargo, no alcanzó a girar. “Quería saber si se podía reclamar para que me retiren la multa ($ 354)”, expresó.

Según Édgar Lupera, coordinador del proceso de coactivas del centro, en el primer día laborable de esta semana hubo 80 usuarios, de quienes 10 impugnaron.

¿Cuándo tiene la razón el ciudadano? Lupera aclaró que cuando hay errores informáticos, carencia de señalización o cuando existe duda razonable (ausencia de imágenes, incongruencias y otros tipos de casos).     

En el departamento, según la entidad, colaboran 5 personas y un  asistente. Los ciudadanos que realicen el trámite deben llenar un formulario y llevar copias de la cédula, del certificado de votación, de la matrícula y de la licencia. “Muchas personas quedan satisfechas una vez que les da la información. Cuando tienen motivo impugnan”, dijo.

Los choferes que apelan la sanción deben relatar el hecho en una entrevista. Cuando está todo claro, la diligencia demora entre 20 y 30 minutos. En las antiguas oficinas concurrían a diario de 40 a 50 personas.

Ahora se prevé el doble. “Queremos descongestionar la vía judicial, resolver lo más pronto y para hacer el trámite no necesitan abogados”, aseguró Lupera.

La ATM ofrece facilidades para cancelar las multas: en plazos de 6 meses, pero con el 20% al contado.

De acuerdo con las estadísticas de impugnaciones de septiembre, se produjeron 65 por mal estacionamiento, 54 por desobedecer las órdenes de los agentes, 41 por invadir el carril de la metrovía y 12 por bloquear intersecciones.

Un caso común, recordó Lupera, es que ciertos conductores se estacionan en zonas para personas con discapacidad. “Efectivamente, presentan la credencial que lo certifica, pero no ponen los adhesivos. Es un caso de duda razonable”. (I)